El concejal Samuel Henríquez exige transparencia y control en el reparto de las productividades municipales
El concejal Samuel Henríquez ha valorado con prudencia pero con firmeza las recientes informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre una denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por un empresario local, en relación con los pagos de productividades en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Este caso pone sobre la mesa una demanda creciente por parte de la ciudadanía: que los recursos públicos se administren con rigor, equidad y sin privilegios encubiertos. Esta preocupación se suma a otras cuestiones que ya han venido siendo denunciadas desde esta concejalía sobre el uso discrecional de fondos públicos, lo que refuerza la necesidad de una revisión integral de los sistemas de incentivación en el Ayuntamiento.
“Lo primero que hay que subrayar es que cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a los órganos de fiscalización y control cuando considera que existen posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos”, ha manifestado Henríquez. “La preocupación social es evidente y legítima: hablamos de importantes cantidades de dinero público que se reparten entre un número muy limitado de empleados, sin criterios objetivos conocidos y sin los necesarios mecanismos de evaluación y transparencia”.
Además, resulta imprescindible que los órganos de control interno, como la Intervención municipal, dispongan de herramientas eficaces para verificar la adecuación del gasto y emitir informes con carácter previo al abono de estos complementos variables.
Desde su responsabilidad como concejal y miembro de la corporación, Henríquez ha venido reclamando de forma reiterada que las productividades se rijan por principios de objetividad, mérito, proporcionalidad y, sobre todo, igualdad entre trabajadores públicos. “En muchas empresas privadas se retribuye por objetivos, pero siempre con criterios claros, medibles y comunicados previamente a las personas afectadas. No puede ser que en una administración pública haya trabajadores que conozcan con antelación sus metas y condiciones de retribución por resultados, y otros que ni siquiera sepan si se les está evaluando o bajo qué parámetros”, ha señalado. Esto no solo resulta injusto, sino que crea un agravio comparativo entre trabajadores que desempeñan funciones similares o con igual dedicación.
Esta dualidad entre trabajadores con incentivos definidos y otros totalmente ajenos al sistema, además de generar malestar interno, vulnera el principio de igualdad que debe regir en toda administración pública. Establecer un sistema objetivo y homogéneo de retribuciones variables no solo mejora la equidad, sino que contribuye a una profesionalización real de la administración local, alineando incentivos con resultados medibles.
El edil considera que las productividades pueden ser un instrumento útil para reconocer el esfuerzo extraordinario de aquellos empleados públicos que asumen responsabilidades o funciones fuera de sus cometidos ordinarios. “Pero para que eso funcione y sea justo, tiene que haber reglas iguales para todos. Y esas reglas deben ser públicas, fiscalizables y fundamentadas en la realidad del servicio prestado”, añade.
Conscientes de esta necesidad, hemos elevado una propuesta formal para la creación de un reglamento específico de productividad que contemple la definición de objetivos, los órganos responsables de su seguimiento y los mecanismos de evaluación y publicación de resultados, de manera que cada euro de dinero público se asigne con rigor y conocimiento.
Henríquez ha invitado al resto de grupos políticos de la corporación a sumarse a este compromiso por la transparencia y la mejora de la gestión de los recursos humanos. “Estas reformas deben estar por encima del color político; se trata de mejorar lo público”, afirmó.
Henríquez ha insistido en que no se trata de cuestionar la legalidad de todos los pagos realizados, sino de garantizar que cualquier retribución extraordinaria esté debidamente justificada, que existan mecanismos de seguimiento y evaluación, y que todos los trabajadores públicos estén sometidos a las mismas reglas del juego. “En cualquier caso, lo que está en juego no es una nómina individual, sino la credibilidad de la institución y la confianza de los ciudadanos en que los recursos públicos se gestionan con equidad, responsabilidad y sin arbitrariedades”, concluyó.
Desde esta concejalía seguiremos defendiendo una administración pública moderna, eficiente y justa, en la que el mérito y el esfuerzo se reconozcan, pero siempre bajo principios de legalidad, igualdad y responsabilidad ante la ciudadanía.
