El reparto del Fdcan es “clientelar”, por la triple paridad, “injusto y desequilibrado”
El Cabildo de Gran Canaria considera que el reparto del Fdcan realizado por el Gobierno de Canarias es injusto, desequilibrado y clientelar, y ha sido ejecutado en contra de los representantes de casi la mitad de la población del archipiélago, por lo que tras firmar la cuantía asignada a la isla, estudiará denunciar el criterio finalmente aplicado, el de la triple paridad, para reclamar el resto de lo que le corresponde.
Así lo afirmó hoy el consejero de Cooperación Institucional del Cabildo grancanario, Carmelo Ramírez, tras el acto de firma convocado por el Gobierno regional al que no acudió el presidente, Antonio Morales, para evidenciar la oposición insular y no contribuir a la escenificación de un autobombo que pretendía trasladar una imagen de acuerdo que, en realidad, no existe.
Una falta de consenso, prosiguió, “que ha llevado nada más y nada menos que a la ruptura del Gobierno de Canarias”.
Y es que el reparto se hizo con el voto en contra del Cabildo y 18 ayuntamientos, lo que representa más del 40 por ciento de la población canaria, apuntó Ramírez tras firmar la aceptación de los recursos asignados, necesarios para la isla, en tanto el Cabildo trabajará por obtener el resto.
El consejero insistió en el uso “clientelar” hecho por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que “no cumplió” con lo que expresó en una asamblea con los alcaldes de Gran Canaria, donde aseguró que primaría los programas conjuntos para finalmente primar “actuaciones en municipios que rompieron el consenso insular, aunque se niegue el uso partidista”.
De hecho, visitó municipios y asumió compromisos “antes incluso de la aprobación de los criterios y de la reunión que tuvo en el Cabildo con el resto de las alcaldías”, de modo que “es clarísimo el criterio clientelar, basta ver el color político” de Gran Canaria y los ayuntamientos que se desmarcaron del consenso insular.
60 millones según el criterio consensuado del REF
El consejero explicó que la intención del Cabildo de denunciar se decidió en el pleno con apoyo del 99 por ciento de la corporación y hacía referencia a los criterios que aprobó el Ejecutivo el 23 de noviembre, a lo que siguió un proceso parlamentario que culminó con la aprobación de una moción del Grupo Popular, que ha sido la utilizada.
Se trata de una moción que “para lo único que ha servido es para facilitar al Gobierno la aplicación, al final, de la triple paridad”, por lo que el Cabildo estudia este último reparto para determinar si hay argumentos jurídicos para recurrirlo.
Con la moción del PP, el Gobierno se ha reservado el 42 por ciento de la bolsa, un porcentaje que distribuirá con criterios que alejados de los del REF, advirtió.
Tomando como base el total de los 160 millones, que desde el principio el Ejecutivo manifestó que distribuiría al completo entre las corporaciones locales, y aplicando los criterios del REF, la cuantía que corresponde a Gran Canaria es de en torno a 60 millones anuales, reiteró.
Pero las cantidades, siendo importantes, lo es más “que si ya hay criterios que gozan de consenso en Canarias no se deben usar otros”, ya que los del REF gozan de respaldo unánime y contemplan población, territorio y porcentaje corrector.
En el caso de los programas de Gran Canaria y Tenerife, concluyó, hay que tener en cuenta que los cabildos aportan la mitad de la financiación de las obras, un importante esfuerzo.
