El vacío normativo de la Ley de Vivienda Vacacional provoca desigualdad entre municipios canarios
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha denunciado importantes contradicciones legales en la aplicación de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, señalando que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias está generando inseguridad jurídica y disparidad de criterios que afectan directamente a miles de propietarios de viviendas vacacionales en el Archipiélago.
Una normativa que genera desigualdad: Mogán permite lo que otros municipios prohíben
La reciente Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada el 12 de noviembre, ha provocado una brecha de criterios entre municipios canarios. Según explicó la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, un jubilado puede registrar una vivienda vacacional en Mogán, mientras que en Adeje o Teror perdería su pensión debido a los requisitos impuestos por esos ayuntamientos. El motivo, afirma, es un vacío técnico y una falta de regulación específica que ha llevado a cada administración local a exigir documentación distinta.
Bueno acusa a la consejera de Turismo, Jessica de León, de desconocer la propia normativa que impulsa, señalando que las directrices emitidas por la Consejería contradicen artículos esenciales de la legislación vigente, así como la normativa sectorial que regula las actividades alojativas.
Contradicciones legales entre lo que dice la Ley y lo que comunica la Consejería
Uno de los puntos de conflicto es la interpretación de los trámites necesarios para las Actividades Clasificadas. Según ha comunicado la Consejería, los propietarios deberían renunciar a su Declaración Responsable si no tramitaron previamente la Comunicación Previa. Sin embargo, la Disposición Transitoria Primera de la propia Ley establece un mecanismo de consolidación del uso turístico que no obliga a dicha renuncia.
El artículo 6 de la Ley 7/2011 también especifica que la Declaración Responsable debe presentarse antes que la Comunicación Previa. Bueno afirma que exigir lo contrario “es imposible y contrario al propio texto legal”, generando confusión entre los titulares de viviendas vacacionales.
Desigualdad entre municipios: jubilados y desempleados, los más perjudicados
Otro de los problemas señalados por la alcaldesa es la falta de un reglamento técnico específico para la vivienda vacacional, lo que obliga a los ayuntamientos a interpretar los requisitos por su cuenta. Mientras Mogán no exige el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), municipios como Adeje, Yaiza o Teror sí lo requieren.
Esta diferencia provoca situaciones en las que un jubilado o una persona desempleada puede gestionar una vivienda vacacional en Mogán sin perder su pensión o prestación, pero no en otros municipios, donde la obligación del IAE podría implicar la pérdida del derecho a recibir estas ayudas.
Bueno recuerda que la normativa turística sí cuenta con reglamentos técnicos para hoteles, apartamentos o complejos alojativos, recogidos en el decreto 142/2010, pero no existe un marco similar para las viviendas vacacionales.
Sentencias judiciales que refuerzan la posición de Mogán
La alcaldesa cita dos sentencias relevantes —una del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otra reciente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (515/2025, de 10 de noviembre)— que establecen que las viviendas vacacionales no son una actividad económica, al no prestar servicios propios de la industria hotelera, como restauración o limpieza.
Si no se considera actividad económica, Bueno pregunta por qué es obligatorio someter las VV al régimen de Actividades Clasificadas, una exigencia que califica de desproporcionada y jurídicamente incoherente.
Artículo 5.2F: una regularización solo para unos pocos
La Ley introduce una cláusula que permite regularizar únicamente viviendas unifamiliares aisladas cuando no existe planeamiento municipal actualizado. Para la alcaldesa, esta excepción es “abiertamente discriminatoria” para el resto de viviendas de uso residencial, que llevan años ejerciendo la actividad de manera reglada.
Las propuestas de Mogán para evitar un “caos administrativo”
Para poner fin a la inseguridad jurídica, Bueno propone:
- Crear un régimen técnico único de Actividades Clasificadas aplicable a los 88 municipios canarios.
- Eximir a las VV de este trámite, equiparándolas al alquiler de temporada o larga duración.
- Declarar la VV como Actividad Inocua, al no generar molestias equiparables a complejos turísticos.
- Mantener la VV bajo el régimen de Declaración Responsable, como el resto de establecimientos turísticos.
La alcaldesa advierte de que, si no se actúa con rapidez, la disparidad de criterios podría desembocar en el cierre masivo de viviendas vacacionales en Canarias.
