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España facilita la recuperación de períodos de prácticas o formación investigadora como años cotizados

  • Las prácticas no remuneradas deberán haberse producido con anterioridad al 1 de enero de 2024 y, en el caso de las remuneradas, su realización deberá haberse producido con anterioridad al 1 de noviembre de 2011. La medida beneficia a antiguos alumnos universitarios, de Formación Profesional, y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportiva, que podrán presentar la suscripción en un plazo de dos años para un máximo de cinco años cotizados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aprobado la orden que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios, a través de estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Quienes hayan participado en esos programas podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, con la Tesorería General de la Seguridad Social, que les permitirá el cómputo de esos periodos de cotización hasta un máximo de cinco años.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destaca: “Hoy es un día importantísimo. Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social”. Y añade: “Ampliamos los derechos de los más jóvenes, de personas que se están incorporando ahora al mercado laboral, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado”.

La medida beneficia a antiguos alumnos universitarios; antiguos alumnos de formación profesional (salvo cuando las prácticas se hubieran prestado en el régimen de formación profesional intensiva), así como antiguos alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

También a aquellos graduados universitarios que, a través de estudios oficiales de doctorado, hubieran participado antes del 4 de febrero de 2006 (fecha de entrada en vigor el Estatuto de Personal Investigador en Formación) en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

“El Gobierno ha escuchado un clamor de muchos colectivos cuyo trabajo ha sido motor de progreso para nuestra sociedad durante años. Debemos, como sociedad, sentirnos orgullosos de que lo público sea sinónimo de garantía y confianza. Por eso, ha llegado el momento de facilitar a miles de personas una vía para recuperar este derecho”, ha expresado la ministra.

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