La PALT pide proteger el uso residencial de viviendas en complejos turísticos
- La Plataforma de Afectados por la Ley Turística respalda que el Parlamento tramite y mejore la proposición de ley del PSOE para diferenciar viviendas y establecimientos turísticos.
- El colectivo reclama seguridad jurídica para los propietarios y advierte de que limitar el uso residencial de estos inmuebles puede aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda en Canarias.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha solicitado al Parlamento de Canarias que aborde una reforma que garantice la seguridad jurídica de los propietarios de apartamentos y bungalows en complejos turísticos. En un comunicado difundido en octubre, el colectivo expresa su apoyo a la tramitación de la Proposición de Ley 11L/PPL-0014, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y reclama que el texto se debata y mejore con las aportaciones de todos los grupos políticos y de la ciudadanía.
La plataforma sitúa en el centro de su petición la necesidad de diferenciar jurídicamente una vivienda o apartamento de un establecimiento turístico y una unidad alojativa. Considera que esta distinción resulta esencial para proteger a quienes, según sostiene, adquirieron sus inmuebles como viviendas y ahora ven cuestionada la posibilidad de destinarlos a uso residencial.
«Nosotros no compramos un hotel; compramos una vivienda»
La PALT sostiene que el conflicto afecta a propietarios que compraron apartamentos y bungalows como fincas independientes, sometidas al régimen de propiedad horizontal y conforme a sus títulos de propiedad y a la información registral existente en el momento de la adquisición.
Según denuncia, la evolución de la legislación turística y su interpretación pueden llevar a que esos inmuebles sean considerados unidades alojativas integradas en establecimientos turísticos, con las consiguientes restricciones de uso. La plataforma califica esta situación como una “expropiación encubierta del uso”, una valoración con la que expresa su rechazo a lo que considera una pérdida del contenido de sus derechos.
“Nosotros no compramos un hotel. No compramos un establecimiento turístico. Compramos un apartamento o un bungaló con todos los derechos inherentes a la propiedad”, afirma el colectivo.
Los afectados insisten en que su reivindicación consiste en que se respete la vivienda que ya poseen. También piden que se tenga en cuenta la situación de los inmuebles transmitidos a los hijos y que se preserve la continuidad de los derechos vinculados a esas propiedades.
Diferenciar la propiedad privada de la explotación turística
La plataforma reclama que la reforma distinga tres realidades: la vivienda o apartamento de un particular, el complejo inmobiliario dividido en propiedad horizontal y el establecimiento dedicado a una actividad económica de alojamiento turístico.
Desde su perspectiva, la existencia de actividad turística dentro de un complejo no debería convertir automáticamente a todos sus propietarios en titulares de una explotación turística. Por ello, pide examinar el título constitutivo y la historia jurídica de cada propiedad, así como las condiciones bajo las que fue adquirida.
El colectivo solicita que cualquier modificación tenga en cuenta el derecho de propiedad, el derecho a la vivienda, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la proporcionalidad de las medidas. Aunque reconoce la capacidad del legislador para ordenar el turismo, cuestiona que esa regulación obligue a destinar una propiedad a una explotación que su titular no ha elegido.
Apoyo a la iniciativa del PSOE y petición de un debate abierto
La PALT identifica la proposición socialista, relativa a la modificación de las leyes 2/2013 y 6/2025, como una oportunidad para abordar conjuntamente el modelo turístico, residencial y territorial de Canarias.
Su respaldo se dirige a que la iniciativa sea tramitada, debatida y mejorada. La plataforma subraya que no considera el texto perfecto ni definitivo y solicita que todos los grupos parlamentarios puedan incorporar propuestas, junto con las aportaciones de la sociedad canaria.
En ese contexto, rechaza que la reforma se limite a cambios parciales mediante el decreto ley que, según señala, propone la Consejería de Turismo. A su juicio, una modificación de este alcance requiere un debate que contemple tanto las necesidades de la actividad turística como las de los propietarios, residentes y trabajadores.
La advertencia sobre el acceso a la vivienda
El colectivo vincula sus demandas con la crisis de acceso a la vivienda. Advierte de que restringir el uso residencial de inmuebles ya habitados podría obligar a sus propietarios a buscar otra residencia y añadir presión a un mercado que considera tensionado.
La PALT no atribuye el problema habitacional a una única causa, pero reclama que las políticas turísticas y de vivienda se diseñen de manera coordinada para evitar desplazamientos de población.
Asimismo, defiende un modelo urbano en el que puedan convivir residentes, trabajadores, familias, visitantes, comercios y servicios. Considera que la sostenibilidad de las zonas turísticas debe incorporar criterios sociales, ambientales y de acceso a la vivienda, además de los económicos.
Turismo y residencia: una solución que permita la convivencia
La plataforma afirma que su posición no supone un rechazo al turismo y reconoce la importancia de las empresas, el empleo y la inversión para Canarias. Su reclamación se centra en que la protección de esta actividad no implique, a su juicio, subordinar automáticamente las propiedades particulares a la explotación turística.
Por ello, pide al Parlamento una solución que considera “jurídicamente segura y socialmente equilibrada”, construida mediante el debate, las enmiendas y la participación ciudadana.
El objetivo que plantea es mantener una actividad turística fuerte y compatible con los derechos de quienes residen en el archipiélago, sin que los propietarios se vean obligados a poner sus viviendas al servicio de una explotación ajena.
