La PALT solicita el archivo de todos los expedientes sancionadores por uso propio de apartamentos y bungalows

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística considera que es la única solución legal y justa frente a un conflicto con más de 19.000 expedientes

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), presidida por Maribe Doreste, presentó este miércoles una petición a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para exigir el archivo de todos los expedientes sancionadores relacionados con el uso propio de apartamentos y bungalows. La organización defiende que esta medida es la única salida viable frente a un conflicto que afecta a miles de propietarios en el Archipiélago.

Una petición ante la Consejería de Turismo

La PALT sostiene que la solución de archivar los expedientes es preferible a la vía judicial, que podría derivar en más de 19.000 recursos contenciosos en los juzgados canarios. La plataforma también rechaza la propuesta del Decreto Ley 2/2025, al considerar que no suspende procedimientos ni sanciones, sino que impone condiciones que limitan los derechos de los propietarios.

Argumentos de la plataforma

Según la presidenta Maribe Doreste, los propietarios han sido víctimas de un proceso que vulnera principios básicos de seguridad jurídica. Denuncia que las sanciones se aplican de forma desigual en distintas islas y municipios, lo que genera agravios comparativos. Además, asegura que mientras se sanciona a pequeños propietarios, se actúa con menor contundencia contra operadores turísticos que incumplen la normativa.

Doreste sostiene que “el archivo incondicional es la única solución legal que entierre los prejuicios” y subraya que los apartamentos y bungalows deben ser reconocidos como auténticas viviendas, no como un uso turístico irregular.

Críticas a la gestión actual

La PALT acusa a la Consejería de Turismo de mantener un discurso público en el que se afirma que las sanciones están suspendidas, cuando, según sus datos, durante el mes de agosto de 2025 se continuaron firmando multas contra los propietarios. Considera que esta estrategia “disfrazada de legalidad aparente” supone un daño injustificado y una interpretación restrictiva de los derechos constitucionales.

Reclamo de justicia y seguridad jurídica

La plataforma insiste en que los propietarios han actuado siempre bajo el amparo de la ley y que no se trata de una situación de descontrol. Reclaman que se reconozca su derecho a usar los inmuebles como viviendas, tal y como lo han venido haciendo desde hace décadas, y piden que se archive de forma inmediata cualquier procedimiento sancionador abierto.