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Nueva Canarias consigue paralizar la privatización de la televisión pública de Mogán

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias declara nulo los pliegos y los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación.

Para Nueva Canarias (NC) “la resolución del Tribunal Administrativo de contratos supone un varapalo para las intenciones de Onalia Bueno, y una garantía para los derechos de los trabajadores, señala en una nota de prensa la formación nacionalista”.

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, ha notificado a la portavoz de NC en Mogán, Isabel Santiago, la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, por la que estima parcialmente el recurso presentado por esta, contra el contrato millonario del servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán, por el que la alcaldesa pretendía privatizar la radio televisión pública de Mogán, declarando nulos los pliegos y los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación, informa la nota.

La portavoz recuerda que el pasado 4 de diciembre de 2019, la formación nacionalista interpuso un Recurso Especial en materia de contratación contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán de 20 de noviembre de 2019 por el que se aprobó la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del “Servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán”, así como contra los pliegos de prescripciones técnicas, y la aprobación del expediente de contratación, por un importe de mas de 1,5 millones de euros.

En su escrito NC sostenía que se han producido varios incumplimientos de la ley de contratos del sector público (LCSP). Por un lado explicaba que no se ha acreditado, de forma precisa, la idoneidad del contrato, incumpliendo así con lo establecido en el art. 28 de la LCSP.

Por otro lado, sostuvo la formación nacionalista, que el informe del técnico municipal en el que debe justificar la insuficiencia de medio técnicos y humanos, lo que hace es pasar por alto que el Ayuntamiento creó una empresa pública, denominada Mogán Socio Cultural para, entre otras cosas, encargarse de, tal y como lo definen sus estatutos, “la promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión digital, por cable, etc y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la demarcación de Mogán”. A lo que añadieron que actualmente existe un contrato entre esta empresa municipal y Retevisión que está en vigor hasta octubre de 2021 por un importe de mas de noventa y cuatro mil euros. Pero no queda ahí la cosa, y es que en el pleno del 22 de noviembre Ciuca acordó la encomienda de gestión a favor de la empresa, para que preste el servicio de medios de comunicación.

Para NC, “no resultaba muy fiable el contenido del informe técnico pues solo tenía apariencia de legalidad, y del que se desprendía que estaba pensado en dar más cobertura a la voluntad de la alcaldesa, que al estricto cumplimiento de la ley, concretamente del art. 116.4 letra f) de la LCSP”.

En su resolución, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias afirma “que no se ha justificado que la Corporación Local no dispone de medios suficientes para prestar los servicios que se pretende contratar, limitándose a realizar una declaración de voluntad respecto a no contar con medios suficientes para su prestación”. Dando la razón a lo argumentado en el recurso por NC, cuando afirmó que el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un medio propio para la prestación del servicio que es la empresa pública “Mogán Socio-cultural”, tal y como lo reflejan los estatutos reguladores del objeto de la misma.

Añade el Tribunal que el “informe justificativo de la insuficiencia de medios obrante en el expediente y el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2019, ya citado, se limitan a manifestar la insuficiencia de medios personales y materiales de la Corporación Local para la prestación del servicio a contratar, obviando, cualquier referencia, a los documentos mencionados por la recurrente en el recurso presentado y a los que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores y ello sin perjuicio de que ha quedado acreditado, tanto por la documental aportada por la recurrente y por las propias manifestaciones del órgano de contratación que los servicios que se pretende contratar, al menos parcialmente, están siendo gestionados directamente por un ente instrumental propio de la corporación local promotora de la licitación”. Por ello concluye que se admite el motivo de impugnación, y declara que el Ayuntamiento ha vulnerado los artículos 28.1 y 116.4 f) de la LCSP.

La vulneración de estos preceptos, supone la declaración de nulidad de los pliegos y los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación, lo que implica directamente que el expediente de contratación, por el que se pretendía privatizar la televisión pública, ha sido suspendido de forma permanente.

La portavoz de NC en Mogan, Isabel Santiago, ha expresado su gran satisfacción por la respuesta del Tribunal de Contratos pues supone por un lado, que la situación de los trabajadores de la televisión pública deja de estar en riesgo, garantizando su estabilidad laboral y sus derechos. Por otro, confirma las irregularidades cometidas por la Junta de Gobierno Local de Mogán, y por el técnico informante, que solo se han preocupado de revertir de aparente legalidad la decisión de la alcaldesa para hacerla realidad.

La edil nacionalista ha afirmado que piensa seguir trabajando junto con sus compañeros de partido en Mogán en la misma dirección, manteniendo la más firme voluntad por defender los derechos de los trabajadores de la Televisión, así como mantener su carácter de medio público de comunicación, son las claves principales de esta actuación de NC. “Con esta resolución ha ganado la democracia, los trabajadores y el municipio de Mogán”.

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