Samuel Henríquez destapa una presunta red masiva de contratación irregular en San Bartolomé de Tirajana y acusa a Marcos Aurelio Pérez de permitir un posible fraude estructural con fondos públicos

El portavoz de Municipalistas Primero Canaria alerta de que la contratación menor podría haberse convertido en un sistema paralelo de gestión opaca dentro del Ayuntamiento, pese a que el propio alcalde reconoció hace meses graves irregularidades sin frenarlas.

San Bartolomé de Tirajana vuelve a situarse en el centro de la polémica institucional tras la denuncia formal presentada por el concejal Samuel Henríquez Quintana, portavoz de Municipalistas Primero Canaria, ante la Alcaldía-Presidencia y la Intervención General municipal, por la posible utilización irregular, masiva y estructural de contratos menores entre enero y abril de 2026.

La denuncia plantea un escenario extremadamente preocupante de posible banalización institucional de prácticas presuntamente contrarias a la legalidad, donde mecanismos excepcionales de contratación habrían sido utilizados de forma reiterada desde distintas áreas municipales como fórmula ordinaria de gasto, comprometiendo seriamente la integridad administrativa del Ayuntamiento.

Según el análisis técnico realizado por los concejales de su grupo político, durante apenas cuatro meses se habrían detectado al menos 27 adjudicaciones directas municipales, además de múltiples expedientes adicionales con divergencias documentales entre decretos internos y publicaciones oficiales, reflejando posibles patrones de fraccionamiento contractual, reiteración de proveedores, división artificial de prestaciones homogéneas y deficiencias graves en materia de transparencia pública.

Henríquez advierte que los principales bloques contractuales analizados afectan de forma especialmente preocupante a diversas concejalías estratégicas actualmente gobernadas por el partido del alcalde Marcos Aurelio Pérez (PP-AV), entre ellas Educación, Deportes, Cultura, Vías y Obras, Presidencia, Policía Local o Bomberos, donde se habrían detectado patrones reiterados de contratación menor susceptibles de fraccionamiento, opacidad o utilización estructuralmente desviada. Solo en los expedientes prioritariamente fiscalizados por su grupo político, los importes acumulados superan ya los 149.556,76 euros, sin incluir numerosos contratos aún pendientes de revisión integral.

La denuncia sostiene que la dimensión económica y la reiteración temporal observadas podrían reflejar un uso sistemático de mecanismos excepcionales como vía ordinaria de gestión presupuestaria, comprometiendo gravemente los principios de publicidad, libre concurrencia y control reforzado del gasto público.

“El alcalde conocía el problema y no lo corrigió”

El portavoz municipal subraya que la gravedad política del caso resulta aún mayor porque el propio alcalde, Marcos Aurelio Pérez, ya había dictado en julio de 2025 una circular oficial reconociendo expresamente la utilización abusiva e inadecuada de la contratación menor dentro de las distintas concejalías del Ayuntamiento, advirtiendo del incremento de reparos de Intervención y del uso generalizado de estos procedimientos mucho antes de esa fecha.

Para Municipalistas Primero Canaria, aquella instrucción no respondió a una verdadera voluntad de corregir el problema estructural, sino que habría servido principalmente como una operación política de maquillaje institucional orientada a proteger su imagen pública, contener la presión de la Intervención General y simular una falsa voluntad de control del Ayuntamiento mientras las prácticas denunciadas continuaban reproduciéndose.

“Todo apunta a que aquellas órdenes fueron dictadas de cara a la galería, para aparentar control mientras en la práctica se mantenían dinámicas presuntamente irregulares ya conocidas desde mucho antes. Si quien reconoce públicamente el problema no lo corrige, sino que permite su continuidad, la responsabilidad política resulta aún más grave”, sostiene Henríquez.

Posibles vulneraciones legales de máxima gravedad

El escrito alerta de posibles vulneraciones de extrema gravedad en materia de contratación pública, incluyendo presunto fraccionamiento ilegal de contratos, utilización fraudulenta de mecanismos excepcionales, opacidad administrativa, riesgos de nulidad jurídica y posibles responsabilidades económicas, contables o incluso penales para los responsables políticos y administrativos implicados.

Asimismo, Samuel Henríquez solicita a la Interventora municipal una fiscalización extraordinaria y urgente de todos los contratos analizados, auditoría integral sobre los ejercicios 2025 y 2026, control reforzado sobre las concejalías afectadas y eventual traslado a la Audiencia de Cuentas, Tribunal de Cuentas, OIReScon dependiente del Ministerio de Hacienda y en cargada de la prevención de la corrupción y fraude en la contratación pública y Fiscalía si se confirman irregularidades relevantes.

El escrito advierte además de que, de confirmarse los patrones detectados, podría abrirse la puerta a investigaciones por eventuales responsabilidades disciplinarias, contables e incluso penales vinculadas a desviación de poder, fraude administrativo o uso arbitrario de recursos públicos.

Municipalistas Primero Canaria exige depuración de responsabilidades

Samuel Henríquez considera que los hechos podrían no responder a errores administrativos aislados, sino a un modelo estructural de gestión presuntamente incompatible con los principios de legalidad, libre concurrencia, eficiencia y transparencia exigibles a cualquier administración pública moderna.

“San Bartolomé no puede normalizar un sistema donde la contratación menor se convierta en una herramienta ordinaria al margen del control reforzado que exige la ley. Si las irregularidades se confirman, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de gestión contractual del municipio en los últimos años”, concluye.

Desde Municipalistas Primero Canaria se exige una intervención fiscalizadora inmediata, depuración política urgente y una revisión total del modelo de contratación municipal, advirtiendo que la ciudadanía no puede seguir tolerando que el dinero público quede expuesto a prácticas que podrían erosionar gravemente la legalidad, la transparencia democrática y la confianza institucional.

No estamos ante simples irregularidades técnicas: podríamos estar frente a uno de los mayores riesgos de deterioro institucional, opacidad política y posible fraude contractual que ha afrontado este Ayuntamiento en décadas.