La confederación estatal Ecologistas en Acción en defensa del suelo
Ecologistas en Acción, confederación estatal de colectivos ecologistas, aprobó una resolución, en su 18ª Asamblea Confederal, en defensa del suelo como recurso imprescindible. Ben Magec – Ecologistas en Acción hace hincapié en la amenaza que supone la Ley del Suelo de Canarias, sobre todo en un entorno pequeño, diverso y vulnerable, como las islas Canarias.
El suelo es fuente de vida, de biodiversidad, de equilibrio hídrico, de alimentos… y tiene un potencial enorme como sumidero de carbono.
La Confederación de Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el aumento de la degradación del suelo en nuestro territorio, en Europa y en el mundo: la erosión, el sellado por urbanización, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de carbono, la compactación, la salinización, o los problemas de contaminación son aspectos preocupantes que amenazan nuestro suelos y ponen en peligro la salud humana, la seguridad alimentaria, los ecosistemas naturales, la biodiversidad o el clima.
Ecologistas en Acción pide a las instituciones españolas y europeas la adopción de una legislación específica sobre la protección del suelo, que establezca los principios y las normas que se deben respetar. Queremos que el Estado español y Europa reconozcan la tierra como un bien común esencial en nuestras vidas y asuma su gestión sostenible como una prioridad.
Ecologistas en Acción apoya la campaña Sin suelos no hay vida: People4Soil1 que pretende recoger un millón de firmas antes de octubre de 2017 en toda la Unión Europea para pedir a la Comisión Europea que establezca una legislación específica al efecto.
En el caso particular de Canarias, preocupa la Ley del Suelo, actualmente en trámite parlamentario, por constituirse en una amenaza para la conservación de este recurso tan valioso por lo que implica como sustento de la vida y las condiciones que son imprescindibles para ella. La Ley del Suelo permitirá la impunidad a la hora de destruir el territorio, y retrocederá sustancialmente en todas aquellas medidas que procuran garantizar la ponderación en su uso para atender al resto de valores que alberga.
En este sentido, no solo elimina órganos de control y deja numerosas puertas abiertas a la aprobación de proyectos a golpe de ocurrencia, sino que, además, rebaja el alcance y la influencia de las declaraciones de impacto ambiental, así como de cualquier informe, hasta ahora preceptivo, de cualquier administración ajena a la promotora. El hecho de que, además, “rebaje hasta el ridículo” las posibilidades de participación ciudadana, coloca al valioso suelo canario en una situación de completa vulnerabilidad.
