NC anuncia que el Parlamento por unanimidad propone crear la figura del recurso de inconstitucionalidad
Esther González afirma que es el paso previo a la aprobación de la iniciativa que votará el pleno para denunciar la vulneración del REF en el Constitucional
La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento y vicepresidenta primera de la Mesa de la Cámara, Esther González, anunció que la Cámara por unanimidad decidió hoy apoyar su propuesta para la creación de una nueva figura, el Recurso de Inconstitucionalidad (RI), que pasará a formar parte del Reglamento. González afirmó que es el paso previo a la presentación y aprobación de la RI en pleno que permitirá denunciar la vulneración del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Gobierno estatal y de las Cortes Generales en el Tribunal Constitucional (TC).
Tras haber visto la propuesta por parte de varios miembros de la Mesa, los siete grupos registraron un escrito, según Esther González, en el que solicitan que el órgano de gobierno de la Cámara adopte una resolución general para suplir las lagunas existentes para el establecimiento del procedimiento para la adopción de un acuerdo plenario relativo a la interposición de recursos de inconstitucionalidad. El referido escrito, como fija también el Reglamento, solicita el parecer favorable de la Junta de Portavoces.
La portavoz nacionalista explicó que, el próximo martes, la Mesa dará curso a la petición mediante una resolución con la que queda creada la nueva iniciativa del RI y el procedimiento a seguir con la misma.
Esther González avanzó que los siete grupos han comenzado a trabajar el borrador del texto de la RI para su posterior registro, calificación por el órgano de gobierno e inclusión en la sesión plenaria para su debate y votación final.
De esta manera se podrán interponer los recursos de inconstitucionalidad al real decreto ley de medidas urgentes sobre la fiscalidad energética. Una norma que, tal y como recordó, incumple el diferencial fiscal del sector audiovisual de las islas un 80% superior al vigente en el resto del Estado y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio “sin el preceptivo informe previo” del Parlamento, como exige la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 167 del Estatuto.
También está la ley de lucha contra el fraude fiscal que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio a pesar del informe desfavorable unánime de la Cámara canaria.
