El Gobierno de Canarias ha aprobado una ampliación de crédito de 36,7 millones de euros destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, elevando a 155,1 millones la inversión total del presente ejercicio en los dispositivos de acogida del Archipiélago.

Una ampliación extraordinaria ante la presión migratoria

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes la ampliación de la aplicación presupuestaria destinada a la atención de personas menores migrantes no acompañados. La nueva partida, cifrada en 36.749.189,08 euros, refuerza los recursos económicos dirigidos al mantenimiento, gestión y operatividad de los dispositivos de primera acogida, así como a los traslados hacia otros recursos habilitados en la Península.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, informó de que esta ampliación se integra en el esfuerzo económico realizado por la Comunidad Autónoma en un año marcado por el incremento de llegadas y la presión sobre el sistema de protección a la infancia.

Un total de 155,1 millones para sostener el sistema de acogida

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia inició el año con una dotación de 5,6 millones de euros de fondos propios para atender a los menores migrantes. A esa partida inicial se añadieron:

• 50 millones de euros del Ministerio de Juventud e Infancia,
• 49.311.527,02 euros adicionales de fondos propios,
• 13,5 millones procedentes del Ministerio de Infancia.

Con la nueva ampliación aprobada por el Consejo de Gobierno, la inversión total destinada en 2025 a la atención de menores migrantes no acompañados alcanza los 155,1 millones de euros.

Un sistema en emergencia continuada desde 2023

La situación de emergencia social y atención prioritaria se declaró por primera vez el 1 de agosto de 2023 ante el incremento de menores extranjeros no acompañados en los recursos designados por el Ejecutivo autonómico. Posteriormente, en septiembre de 2024, se reiteró la declaración de emergencia para garantizar una respuesta adecuada a un escenario de recursos desbordados.

La persistencia de la presión migratoria llevó al Gobierno de Canarias a ampliar nuevamente, el 24 de febrero de 2025, la declaración de emergencia agravada, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco normativo autonómico, estatal e internacional en materia de protección de la infancia.

Cómo se articula la respuesta a la crisis de acogida

La financiación complementaria se dirige a:

• la gestión de los dispositivos de atención inmediata,
• el alojamiento y manutención de los menores,
• los traslados a recursos peninsulares,
• los servicios especializados de intervención y apoyo,
• y la coordinación entre administraciones y entidades sociales.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estos recursos garantizan una respuesta operativa y ajustada a las necesidades reales del sistema, en un contexto excepcional de presión migratoria sobre el Archipiélago.