Alejandro Marichal llevará al pleno de San Bartolomé de Tirajana una moción para proteger a pensionistas y personas con discapacidad
- Coalición Canaria reclama que las ayudas sociales no reduzcan las pensiones de las personas vulnerables en Canarias
- La propuesta busca que el complemento autonómico de 400 euros no compute como ingreso y no penalice a quienes cobran una pensión no contributiva
Coalición Canaria llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una moción para reclamar al Gobierno de España una modificación de la normativa estatal que permita que el complemento autonómico a las pensiones no contributivas no compute como ingreso económico. La iniciativa, presentada por el portavoz municipal de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, busca evitar que una ayuda social impulsada desde Canarias pueda acabar reduciendo o anulando parte de la prestación estatal de personas mayores y personas con discapacidad que viven con ingresos mínimos.
La propuesta se centra en una situación concreta: el Gobierno de Canarias ha aprobado para 2026 un complemento de 400 euros por persona beneficiaria de una pensión no contributiva, dividido en dos pagos de 200 euros en mayo y noviembre, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Sin embargo, Coalición Canaria advierte de que la normativa estatal puede considerar esa ayuda como ingreso adicional y, por tanto, afectar al cálculo de la pensión no contributiva.
Una moción para que una ayuda social no se convierta en una penalización
El objetivo de la moción es que las personas mayores y las personas con discapacidad que reciben una pensión no contributiva puedan beneficiarse del complemento autonómico sin que ello suponga una pérdida económica posterior. Coalición Canaria sostiene que la ayuda aprobada en Canarias tiene como finalidad aliviar el impacto del coste de la vida, especialmente en un territorio marcado por la insularidad, la lejanía y unos precios que afectan de forma directa a los hogares con menos recursos.
Alejandro Marichal resumió la propuesta en términos de “sentido común”. “Si una persona mayor recibe una ayuda de Canarias para afrontar mejor el coste de la vida, el Estado no debería quitarle dinero de su pensión”, afirmó el portavoz de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana.
El planteamiento municipal reclama que el Gobierno de España adapte la normativa para que este complemento autonómico no sea tenido en cuenta como renta computable a efectos de reducir la pensión no contributiva. La cuantía anual íntegra de estas pensiones en 2026 está fijada en 8.803,20 euros, y su importe individual se establece en función de las rentas personales y de la unidad económica de convivencia, según la información oficial del IMSERSO.
Cerca de 42.000 personas podrían beneficiarse en Canarias
La moción presentada por Coalición Canaria apunta a que cerca de 42.000 personas en Canarias podrían beneficiarse de esta modificación normativa. La medida afectaría a perceptores de pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, un colectivo integrado por personas con ingresos muy limitados y, en muchos casos, con mayores dificultades para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda, medicación o suministros.
En el caso de San Bartolomé de Tirajana, la estimación trasladada por Coalición Canaria sitúa en torno al millar el número de vecinos y vecinas que podrían verse beneficiados directamente, tomando como referencia la población del municipio y la proporción autonómica de personas beneficiarias.
Marichal subrayó que esta situación afecta de manera especial a personas mayores con prestaciones mínimas y a personas con discapacidad que dependen de estas ayudas para sostener su economía diaria. “Lo que estamos pidiendo es algo de sentido común: que una ayuda social no termine castigando a quien más la necesita”, señaló.
Canarias pide que se tenga en cuenta su realidad social y territorial
La moción incorpora también una reivindicación territorial. Coalición Canaria reclama que el Estado tenga en cuenta las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, donde la insularidad, la lejanía y el mayor coste de la vida condicionan la capacidad económica de muchas familias. Desde esa perspectiva, la formación defiende que las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Canarias puedan desplegar plenamente sus efectos sin quedar neutralizadas por una interpretación estatal de los ingresos.
“Defender Canarias también significa defender a quienes más necesitan apoyo. No podemos permitir que una ayuda pensada para aliviar la situación de las familias termine convirtiéndose en un problema por culpa de una normativa estatal que no tiene en cuenta la realidad de las islas”, afirmó Marichal.
Con esta iniciativa, Coalición Canaria busca que el pleno de San Bartolomé de Tirajana respalde una petición dirigida al Gobierno de España para proteger a pensionistas y personas vulnerables, evitando que una ayuda diseñada para mejorar su situación económica derive en una reducción de la prestación que ya perciben.
Una propuesta con impacto social en el sur de Gran Canaria
La iniciativa llega al debate municipal con un marcado componente social, al afectar a un colectivo especialmente sensible en Canarias y en municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana, donde el coste de la vida y el acceso a bienes básicos son asuntos de creciente preocupación ciudadana.
La moción pretende situar en el pleno una pregunta de fondo: si una administración autonómica aprueba una ayuda para compensar la vulnerabilidad económica, esa ayuda debería llegar íntegramente a las personas destinatarias o quedar condicionada por una normativa estatal que puede reducir otros ingresos esenciales.
Coalición Canaria defiende que la respuesta debe ser clara: las ayudas sociales destinadas a pensionistas y personas con discapacidad deben sumar protección, no generar una pérdida indirecta para quienes ya se encuentran en una situación económica limitada.
