Un contrato de comunicación institucional en San Bartolomé de Tirajana acaba bajo sospecha por vídeos con logos de PP-AV
- El Ayuntamiento reconoció el pago de 16.039,30 euros a EQUIPO VERNE, S.A. por una campaña sobre actuaciones, proyectos y obras municipales
- Las piezas difundidas incorporan imagen institucional de San Bartolomé de Tirajana junto a los logos de PP-AV, lo que abre dudas sobre el uso partidista de fondos públicos
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado por PP-AV bajo la alcaldía de Marco Aurelio Pérez, reconoció y ordenó el pago de una factura de 16.039,30 euros a la empresa EQUIPO VERNE, S.A. por una campaña de comunicación institucional vinculada a actuaciones, proyectos y obras realizadas en el municipio.
El decreto municipal, firmado por la concejala delegada del área de Vías y Obras y Parques y Jardines, Araceli Armas Cruz, recoge que la factura corresponde a la “creación, producción, programación y ejecución integral” de una campaña promocional de comunicación institucional y difusión ciudadana relacionada con actuaciones y obras municipales.
El problema surge al analizar el destino y la presentación de algunas de esas piezas audiovisuales. En publicaciones difundidas en redes sociales se observa la presencia del identificador “SBT San Bartolomé de Tirajana” junto a los logos de PP y AV. Además, al menos una de las publicaciones aparece en la cuenta política “ppavsbt”, acompañada de un mensaje sobre la gestión de la Concejalía de Vías y Obras.
La cuestión, por tanto, no es si el Ayuntamiento puede informar a la ciudadanía sobre obras públicas, sí puede hacerlo. La cuestión es si una campaña pagada con dinero público bajo el concepto de comunicación institucional puede terminar asociada visualmente a las siglas de los partidos que gobiernan.
Un contrato menor para promocionar actuaciones de Vías y Obras
Según el decreto, la campaña fue adjudicada como contrato menor de servicio a EQUIPO VERNE, S.A. para la difusión de actuaciones, proyectos y obras realizadas en San Bartolomé de Tirajana. En términos prácticos, el Ayuntamiento pagó más de 16.000 euros por una campaña destinada a comunicar actuaciones públicas. Sin embargo, las imágenes difundidas plantean una duda de fondo: si el contenido fue sufragado por el Ayuntamiento con cargo a fondos públicos, ¿por qué aparece vinculado a logos de partidos políticos?
Comunicación institucional no es propaganda de partido
La comunicación institucional debe responder al interés general, informar a la ciudadanía y mantener una separación clara entre la administración pública y las formaciones políticas que gobiernan en cada momento.
La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece en su artículo 3 que las campañas institucionales solo pueden promoverse cuando tengan objetivos de interés público. Entre ellos se encuentra informar sobre servicios públicos, derechos, obligaciones, programas o actuaciones públicas de relevancia social.
El punto más delicado está en el artículo 4, dedicado a las prohibiciones. Esta norma establece que no se pueden promover o contratar campañas institucionales que tengan como finalidad destacar los logros de gestión. Además, indica que los mensajes o la presentación de estas campañas no pueden inducir a confusión con símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizadas por formaciones políticas.
En Canarias, la Ley 2/2007, de 9 de febrero, reguladora de las campañas institucionales realizadas por la Administración autonómica y su sector público, toma como referencia la normativa estatal y refuerza la idea de que estas campañas deben responder a razones de interés público, transparencia, eficiencia, austeridad y lealtad institucional.
Por eso, si una campaña pagada por una administración pública incorpora logos de partidos o se difunde desde cuentas partidistas, la frontera entre información institucional y propaganda política queda seriamente comprometida.
La duda central: quién pagó realmente la promoción política
El decreto municipal habla de comunicación institucional. Una cosa es que un partido político utilice sus propios canales y recursos para reivindicar la gestión de sus concejales. Otra muy distinta es que una campaña financiada con dinero público pueda acabar reforzando la marca política de quienes gobiernan.
En última instancia, el dinero público procede del contribuyente. Por tanto, si el material fue elaborado dentro del contrato abonado a EQUIPO VERNE, S.A., la administración tendría que explicar por qué una campaña institucional se presenta con símbolos partidistas y por qué se difunde en cuentas políticas o personales en lugar de limitarse a los canales oficiales del Ayuntamiento.
Una cuestión fiscalizable
Con el decreto por sí solo no puede afirmarse de forma concluyente que exista una ilegalidad, pero sí existen indicios que justifican una revisión política y administrativa del caso. Si una campaña formalmente institucional, pagada con fondos públicos, acabó siendo utilizada para promocionar a PP-AV o para reforzar la imagen de los partidos que gobiernan, podría vulnerarse el principio de neutralidad institucional y la separación entre administración y partido.
El problema no es que el Ayuntamiento informe sobre obras municipales. El problema es que una campaña pagada con dinero público bajo el concepto de comunicación institucional termine apareciendo con logos de PP-AV y difundida desde cuentas partidistas.
La comunicación institucional debe servir a la ciudadanía, no a la promoción de siglas. Cuando una actuación municipal se presenta con imagen de partido, financiada presuntamente mediante un contrato público, la frontera entre información pública y propaganda política queda gravemente comprometida.
