Canarias reclama a la UE un protocolo coordinado ante las crisis migratorias en sus fronteras exteriores
- El Gobierno canario pide definir de antemano quién toma las decisiones, qué recursos se activan y cómo se garantiza la atención humanitaria ante llegadas extraordinarias
- Octavio Caraballo reclama que las regiones situadas en primera línea tengan voz en las políticas europeas y defiende un enfoque específico para la Ruta Atlántica
El Gobierno de Canarias ha reclamado a la Unión Europea la creación de un protocolo coordinado de respuesta ante crisis migratorias extraordinarias en sus fronteras exteriores, con mecanismos previamente definidos entre las instituciones comunitarias, el Estado y los territorios que se encuentran en primera línea. La petición adquiere especial relevancia tras los recientes acontecimientos de Ceuta y coincide con las conclusiones de un foro organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Ejecutivo autonómico.
La propuesta busca sustituir la respuesta improvisada ante situaciones excepcionales por una planificación que determine desde el primer momento las responsabilidades de cada administración, los recursos disponibles, la atención humanitaria, la protección de los menores y los mecanismos de solidaridad territorial.
Canarias reclama pasar de gestionar emergencias a anticiparse a las crisis
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, considera que los acontecimientos registrados recientemente en Ceuta evidencian la necesidad de establecer una respuesta común europea. El Gobierno de Canarias señala en su comunicado que alrededor de 72.000 personas procedentes de Marruecos entraron en la ciudad autónoma y sitúa el balance de fallecidos cerca de las 200 personas.
Para Caraballo, episodios de estas dimensiones no pueden afrontarse mediante decisiones adoptadas sobre la marcha. Su planteamiento pasa por establecer previamente cómo debe funcionar la coordinación entre la Unión Europea, el Estado y los territorios frontera cuando se produzca una llegada extraordinaria.
«No podemos improvisar cada vez que se produce una situación de esta magnitud», sostiene el viceconsejero, quien plantea que deben quedar establecidos con anterioridad aspectos como quién adopta las decisiones, qué medios se movilizan, cómo se presta asistencia humanitaria, de qué forma se protege a los menores y cómo se articula la solidaridad entre territorios.
El Ejecutivo autonómico defiende así un cambio de modelo que permita pasar de la gestión inmediata de las emergencias a la anticipación de posibles escenarios migratorios. La finalidad sería que, ante una crisis como la registrada en Ceuta o una llegada excepcional a las costas canarias, las distintas administraciones conozcan desde el inicio sus competencias y responsabilidades.
Las islas piden tener voz en las decisiones europeas sobre migración
Canarias reclama además a Bruselas medidas específicas para las regiones situadas en la frontera exterior de la Unión Europea, con mayor solidaridad entre territorios, financiación, protección para los menores migrantes y un enfoque atlántico adaptado a la realidad del archipiélago.
Caraballo sostiene que esta respuesta requiere que los territorios directamente afectados puedan participar en los proyectos y políticas diseñados desde las instituciones europeas. El Gobierno autonómico cuestiona que tanto España como la Comisión Europea hayan elaborado iniciativas migratorias sin contar suficientemente, a su juicio, con las comunidades situadas en primera línea.
Uno de los ejemplos señalados por Canarias es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyas nuevas normas comenzaron a aplicarse en los Estados miembros de la Unión Europea el 12 de junio de 2026. El marco comunitario regula diferentes etapas relacionadas con la gestión del asilo y la migración, desde los procedimientos en las fronteras exteriores hasta los mecanismos de solidaridad entre países.
El Gobierno canario sostiene que el archipiélago quedó al margen del diseño de su aplicación pese al impacto directo que las nuevas disposiciones pueden tener sobre las islas. Esta reclamación ya había sido planteada por el Ejecutivo autonómico antes de que comenzaran a aplicarse las nuevas normas europeas.
La Ruta Atlántica exige una respuesta que vaya más allá del control fronterizo
La necesidad de reforzar la participación de Canarias fue también una de las conclusiones del taller de inteligencia colectiva organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) junto al Gobierno autonómico.
El foro considera que el archipiélago no debe limitarse a actuar como territorio receptor u observador de los movimientos migratorios. Su experiencia operativa, institucional y humanitaria debería traducirse, según las conclusiones del encuentro, en una presencia estable en los espacios nacionales y europeos donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la Ruta Atlántica.
Entre esos ámbitos figuran la coordinación con el Gobierno de España, los diálogos que mantiene la Unión Europea con terceros países y los foros donde se negocian acuerdos relacionados con los países de origen y tránsito de las personas migrantes.
Los participantes advierten además de que la Ruta Atlántica no puede analizarse exclusivamente como un fenómeno marítimo ni como una crisis que afecte únicamente a Canarias, España o Europa. Consideran que forma parte de una realidad regional más amplia en la que confluyen los conflictos y la inseguridad en África Occidental y el Sahel, las condiciones económicas, las aspiraciones de la población joven, las dinámicas familiares, las diásporas, las políticas de visados y la actividad de las redes dedicadas a facilitar movimientos irregulares.
Protección, movilidad legal y lucha contra las redes criminales
El encuentro, denominado Ruta Atlántica, Sahel y Canarias. De la contención de las salidas a una gobernanza anticipatoria de la migración, reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales y humanitarias, investigadores, miembros de la sociedad civil y representantes europeos y africanos, además de especialistas en migración, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.
Las conclusiones plantean una estrategia continuada que combine diferentes líneas de actuación. Entre ellas se encuentran reducir la rentabilidad de las economías criminales vinculadas a la migración irregular, mantener la protección de las personas a lo largo de las rutas, ampliar las posibilidades de movilidad legal y circular e invertir en formación y oportunidades laborales en los territorios de origen.
También se propone involucrar a las familias y las diásporas, reforzar específicamente la protección de mujeres y menores y analizar los posibles efectos no previstos que pueden generar los acuerdos migratorios entre países.
En este escenario, el foro considera que Canarias puede desempeñar un papel estratégico por su posición geográfica en la Ruta Atlántica y por la experiencia acumulada en la gestión de llegadas migratorias. Las conclusiones plantean que el archipiélago pueda funcionar como espacio de diálogo, cooperación, anticipación y generación de conocimiento entre España, la Unión Europea y África Occidental.
