Canarias impulsa la medición del impacto social del tercer sector

• La Jornada de Evaluación de Impacto Social reunió en Las Palmas de Gran Canaria a representantes de la Administración, entidades sociales y organizaciones de economía social para analizar nuevas herramientas de medición.
• El encuentro abordó metodologías como el SROI y la auditoría social y planteó la necesidad de conocer no solo cuántas personas atiende un proyecto, sino qué cambios genera realmente en sus vidas.

El Gobierno de Canarias ha impulsado este miércoles el debate sobre la evaluación del impacto social de los proyectos desarrollados por entidades del tercer sector, empresas de economía social y administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la medición de los cambios que producen las actuaciones sociales sobre las personas y su entorno.

La iniciativa se desarrolló durante la Jornada de Evaluación de Impacto Social, organizada a través de Islas Responsables Lab, IRLab, y celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro reunió a representantes institucionales, profesionales de las administraciones y organizaciones sociales para compartir metodologías, experiencias y herramientas destinadas a conocer con mayor precisión los resultados reales de los proyectos.

Canarias quiere pasar de contar actividades a medir resultados reales

Uno de los principales asuntos abordados durante la jornada fue la necesidad de distinguir entre la actividad desarrollada por una organización y el impacto que realmente generan sus proyectos.

El planteamiento expuesto durante el encuentro parte de una diferencia fundamental: contabilizar talleres, formaciones, programas o personas atendidas permite conocer el volumen de trabajo realizado, pero no determina por sí mismo si una actuación ha conseguido transformar una determinada realidad social.

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, defendió durante la apertura la incorporación de esta perspectiva tanto a las políticas públicas como a los proyectos sociales.

“Si hablamos de soledad no deseada, si hablamos de intervención en la pobreza, si hablamos de intervención en el ámbito migratorio, tenemos que tener claro no solo a cuántas personas atendemos, sino qué capacidad transformadora tenemos con estas actuaciones y con estas políticas”, señaló.

Candil insistió además en la necesidad de reforzar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas para conocer con mayor precisión los resultados de las intervenciones.

“Por supuesto es fundamental la coordinación con cabildos y ayuntamientos de cara a poder hacer una evaluación real de cómo transformamos las vidas de las personas”, afirmó.

¿Cómo se puede saber si un proyecto social funciona?

La jornada abordó uno de los grandes retos de la intervención social: determinar qué cambios se producen como consecuencia de un determinado programa y hasta qué punto pueden vincularse con la actuación desarrollada.

Giulia Soresi, de La Raiz Impact Lab, explicó que la evaluación debe utilizarse para comprender qué está ocurriendo a partir de una intervención y para mejorar posteriormente los propios proyectos.

“Podemos hacer miles de talleres, miles de formaciones, miles de programas y nuestro impacto puede ser positivo, nulo, negativo”, señaló.

Soresi explicó que el impacto social debe entenderse como el conjunto de cambios significativos a los que una determinada intervención contribuye, teniendo en cuenta que esos cambios pueden depender también de otros factores externos.

Esta perspectiva busca evitar que las organizaciones atribuyan exclusivamente a sus propios proyectos resultados que pueden responder a circunstancias diversas.

La especialista incidió asimismo en que no existe una fórmula única para realizar esta evaluación.

“No existe una única manera de medir el impacto. Primero tenemos que preguntarnos qué queremos saber y, a partir de ahí, decidir qué metodología tiene sentido para ese proyecto”, explicó.

SROI y auditoría social, entre las herramientas analizadas

Durante el encuentro se presentaron distintas metodologías destinadas a medir los efectos sociales de una actuación.

Cristina Torres, de Provivienda, y Carlos Estévez, de Red Anagos, analizaron herramientas como el SROI, metodología orientada a estudiar el retorno social de una inversión, y la auditoría social.

La jornada planteó la evaluación no solo como un procedimiento que debe realizarse una vez terminados los proyectos, sino como una herramienta susceptible de incorporarse al propio proceso de gestión.

El objetivo es que las entidades puedan utilizar la información obtenida para revisar sus actuaciones, identificar qué elementos funcionan, corregir aquellos que no ofrecen los resultados previstos e introducir mejoras durante el desarrollo de futuros programas.

Las entidades sociales trasladan su experiencia sobre el terreno

El encuentro reservó también un espacio para analizar cómo se aplican estas metodologías en organizaciones que trabajan directamente con distintas realidades sociales.

Cristina Torres, de Provivienda; Yaiza Ubeda, de la Asociación ADEPSI; Altahay Santana, de la Cooperativa Pulsart; y Cathaysa Sosa, de la Asociación APROSU compartieron sus respectivas experiencias relacionadas con la evaluación del impacto.

Las entidades abordaron cuestiones como la definición de aquello que se pretende medir, la selección de indicadores, la elección de herramientas y la utilización posterior de los resultados obtenidos.

Estas experiencias permitieron conectar los conceptos metodológicos con su aplicación práctica y analizar cómo la evaluación puede incorporarse a los procesos internos de planificación y gestión de los proyectos sociales.

Qué papel desempeñan las administraciones públicas

La Jornada de Evaluación de Impacto Social abordó igualmente la responsabilidad de las administraciones públicas en este ámbito.

El debate se centró tanto en los criterios que las instituciones establecen para financiar y evaluar los proyectos desarrollados por las entidades como en la necesidad de que las propias administraciones analicen el impacto de las políticas públicas que ejecutan.

En este bloque participaron Elizabeth Santana, directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, y J. Fabián González, asesor en Presidencia del Gobierno de Canarias dentro de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos.

La sesión analizó cómo la medición del impacto puede generar información útil para conocer los resultados de las actuaciones públicas y facilitar la toma de decisiones sobre futuros programas y políticas sociales.

Cada proyecto necesita su propia metodología

La jornada finalizó con una actividad participativa dirigida por Beatriz Delfa, de NeoCK, bajo el título “El mercado de las metodologías: ¿Qué compro para medir mi impacto?”.

La propuesta abordó de manera práctica la selección de herramientas de evaluación y puso nuevamente el foco en la necesidad de elegir cada metodología en función de los objetivos, características y necesidades concretas del proyecto que se pretenda analizar.

El encuentro forma parte del trabajo desarrollado por Islas Responsables Lab en materia de innovación social y busca reforzar el intercambio de conocimientos entre la Administración pública, las entidades del tercer sector y las organizaciones de economía social.

La evaluación del impacto se plantea así como una herramienta para conocer con mayor precisión los efectos de los proyectos, aprender de los resultados obtenidos y mejorar las intervenciones dirigidas a la ciudadanía.