Canarias reclama al Estado una financiación justa para reforzar la lucha contra la pobreza
- Candelaria Delgado defiende en el Parlamento un modelo de inclusión activa basado en ingresos, formación, empleo y acompañamiento social
- El Gobierno de Canarias sostiene que los 30 millones actuales son insuficientes y reclama alrededor de 50 millones más para atender la vulnerabilidad del Archipiélago
El Gobierno de Canarias ha defendido en el Parlamento autonómico una estrategia contra la pobreza y la exclusión social basada en un modelo de inclusión activa, con el objetivo de combinar la garantía de ingresos con el acompañamiento social, la formación, el acceso al empleo y la coordinación entre los distintos recursos públicos. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, subrayó que la respuesta a esta realidad debe ir más allá de las ayudas económicas regulares y avanzar hacia herramientas que faciliten la autonomía de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Una estrategia social que busca ir más allá de las ayudas económicas
Durante su intervención parlamentaria, Delgado destacó que la Renta Canaria de Ciudadanía se concibe no solo como una prestación económica, sino como una herramienta para articular itinerarios personalizados de inclusión social. Según explicó, este modelo se desarrolla en coordinación con los servicios sociales municipales y con el resto de políticas públicas, con el propósito de ofrecer una respuesta más integral a las situaciones de pobreza y exclusión.
La consejera defendió que Canarias necesita consolidar un sistema capaz de proteger a las personas más vulnerables, garantizar ingresos básicos y generar oportunidades que permitan superar estas situaciones de manera estable y duradera. En este sentido, vinculó la política social del Ejecutivo autonómico a un enfoque que combina protección económica, acompañamiento profesional y acceso a recursos de formación y empleo.
Renta Canaria de Ciudadanía, vivienda, educación e infancia
Entre las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, Delgado destacó el refuerzo presupuestario de la Renta Canaria de Ciudadanía, el apoyo al Plan Concertado de Servicios Sociales, la estabilidad financiera de las entidades del tercer sector, el desarrollo de la Estrategia Canaria para la Erradicación de la Pobreza y el impulso de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.
La consejera también explicó que los complementos de educación y vivienda previstos en la normativa están siendo objeto de análisis técnico y presupuestario. El objetivo, según trasladó, es garantizar su viabilidad, sostenibilidad y correcta integración con el conjunto de prestaciones existentes, evitando solapamientos y asegurando que las ayudas puedan aplicarse de forma eficaz.
Delgado recordó además que el Estado debe modificar la ley de la Seguridad Social para dar estabilidad a las ayudas vinculadas a las pensiones no contributivas, dentro de una visión más amplia de protección social para las personas y familias con mayores dificultades.
Canarias reclama una financiación estatal ajustada a su realidad social
La intervención de la consejera también puso el foco en la financiación estatal destinada a la lucha contra la pobreza en Canarias. Delgado afirmó que la comunidad autónoma recibe actualmente recursos insuficientes, cifrados en 30 millones de euros, para hacer frente a una realidad social que presenta indicadores de vulnerabilidad superiores a la media estatal.
En este contexto, reclamó al Estado una financiación más ajustada a las necesidades reales del Archipiélago, en torno a 50 millones de euros más. La consejera enmarcó esta petición en las propuestas planteadas dentro del denominado Decreto Canarias, que incluyen mejoras en la cooperación para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de las políticas de infancia, la cofinanciación de la dependencia y nuevas medidas en materia de vivienda.
Una reclamación vinculada al coste de vida, la insularidad y la pobreza infantil
Delgado defendió que los criterios de reparto deben tener en cuenta factores específicos de Canarias como la insularidad, el coste de vida, la vulnerabilidad social y la pobreza infantil real. En su intervención, afirmó que no se puede exigir a Canarias que haga más en materia social mientras recibe menos recursos de los que considera necesarios para atender su realidad.
“No se puede reclamar a Canarias que haga más y al mismo tiempo callar cuando el Estado nos manda menos de lo que corresponde. No se puede pedir complementos aquí y aceptar que falten 50 millones allí. No se puede hablar de pobreza infantil y aceptar criterios de reparto que no miden correctamente la pobreza infantil real, la insularidad, el coste de vida y la vulnerabilidad de Canarias”, señaló la consejera.
Con esta posición, el Gobierno de Canarias sitúa la lucha contra la pobreza y la exclusión social como una prioridad política vinculada tanto al refuerzo de las prestaciones autonómicas como a la necesidad de una financiación estatal que, según defendió Delgado, responda con mayor precisión a las condiciones sociales y económicas del Archipiélago.
