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Pino González Vega

El TSJC condena a Mogán a pagar suelo rústico como urbano

Pino González Vega
Pino González Vega

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Mogán al pago de seis millones de euros por la expropiación de unos terrenos ubicados en los alrededores del cementerio. Los terrenos son rústicos pero se van a pagar a precio de urbanos por un error en la calificación en las Normas Subsidiarias del municipio, informa el PSC-PSOE en una nota de prensa.

300.000 euros anuales durante 20 años

Fue el Ayuntamiento de Mogán el que puso en conocimiento del TSJC que el pago de la condena producía un trastorno grave a la hacienda municipal por lo que solicitaba que se ejecutase de la forma menos gravosa y planteaba varias alternativas para su ejecución entre las que se encontraba el pago aplazado de la deuda a razón de 300.000 euros anuales

La portavoz socialista, Pino González, ha considerado que no es casualidad que la historia de esta expropiación haya comenzado al mismo tiempo que el mandato del PP en Mogán, por lo que es evidente la responsabilidad de este grupo de gobierno en la gestión del asunto. Recuerda la cadena de errores cometidos durante los once años de gestión popular, que han condenado al municipio a pagar un precio muy caro por ellos y no es justo que tengan que ser los vecinos y vecinas de Mogán los que carguen con las consecuencias.

La socialista ha solicitado al alcalde que los 300.000 euros anuales se paguen reduciendo el gasto de órganos de gobierno mediante la disminución de dedicaciones exclusivas. Actualmente este gasto asciende a 942.977 euros ya que tienen dedicación exclusiva tanto el alcalde como los 10 concejales del grupo de gobierno del PP.

Pino González ha lamentado que el alcalde Paco González González haya tardado demasiado en actuar y ahora sea demasiado tarde y cada minuto que pasa la deuda crece y causan más daño a las arcas municipales. Es lamentable que el alcalde no hiciera nada durante dos años para evitar el error en la calificación de los terrenos y que el representante municipal no se haya manifestado en contra de la valoración de esos terrenos en el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación. Además, el primer Recurso presentado solicitando la anulación del acuerdo debió incluir el error en la clasificación del suelo.

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