La inserción laboral de las personas con discapacidad, un derecho pendiente en Canarias
- Solo el 28,8% de las personas con discapacidad participa en el mercado laboral en Canarias, según el informe citado por Liberación Canaria
- Ana Alicia González Marrero reclama más apoyos, accesibilidad y preparadores laborales para garantizar una inclusión real
El derecho de las personas con discapacidad a formarse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida autónomo vuelve al debate público en Canarias. Ana Alicia González Marrero, del Área de Inclusión e Igualdad de Liberación Canaria, advierte de que la inserción laboral continúa siendo una asignatura pendiente en el Archipiélago y reclama políticas públicas que garanticen oportunidades reales, entornos accesibles y apoyos efectivos en los centros de trabajo.
Canarias afronta un reto social y laboral con las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la formación y al empleo, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado español y publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2007. Sin embargo, desde Liberación Canaria se señala que este derecho aún encuentra importantes barreras en la práctica diaria.
Ana Alicia González Marrero, responsable del Área de Inclusión e Igualdad de la organización, plantea que el modelo económico actual sigue priorizando una visión productivista del empleo, en la que muchas veces quedan relegadas las personas que necesitan apoyos específicos para desarrollar su actividad laboral. Según expone, esta mirada contribuye a mantener prejuicios y limita la participación plena de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
Un informe alerta de la baja participación laboral en Canarias
La reflexión parte también de los datos recogidos en el informe “Empleo y Discapacidad en Canarias: retos y oportunidades para la inclusión”, elaborado en 2025 por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco. Según los datos citados por Liberación Canaria, el 75% de las personas con discapacidad se encuentra en edad laboral, pero solo el 28,8% participa en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo.
Esta cifra sitúa a Canarias por debajo del dato nacional, que se eleva al 35%. Para la organización, la diferencia evidencia la necesidad de reforzar las políticas de empleo inclusivo en el Archipiélago y de avanzar hacia un modelo que no solo reconozca derechos sobre el papel, sino que los traduzca en oportunidades reales para las personas con discapacidad.
Derribar prejuicios desde la escuela y desde los centros de trabajo
Entre las medidas planteadas, González Marrero destaca la necesidad de derribar prejuicios y estereotipos desde edades tempranas. La escuela, señala, debe desempeñar un papel clave en la normalización de los derechos de las personas con discapacidad y en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la equidad de oportunidades.
La inclusión laboral no depende únicamente de la voluntad individual de acceder al empleo. También requiere entornos preparados, equipos sensibilizados y empresas capaces de adaptar sus dinámicas para garantizar que cada persona pueda desarrollar sus capacidades. Por ello, Liberación Canaria insiste en la importancia de crear espacios laborales accesibles y libres de barreras físicas, sociales y organizativas.
El preparador laboral, una figura clave para la inclusión
Otra de las propuestas centrales es incorporar recursos humanos de apoyo en los centros de trabajo. En este punto, la organización subraya el papel del preparador laboral, una figura que facilita la inserción y adaptación de personas con discapacidad o con especiales dificultades.
Su función no se limita a acompañar al trabajador en sus tareas. También asesora a compañeros, compañeras y supervisores, favorece apoyos naturales dentro del entorno laboral y contribuye a que la persona pueda ganar autonomía y mantenerse en el puesto de trabajo. Para Liberación Canaria, este tipo de recursos puede marcar la diferencia entre una inserción temporal y una inclusión laboral estable.
El empleo como vía de autonomía, dignidad e inclusión social
González Marrero también advierte de que las pensiones no contributivas pueden suponer una ayuda, pero no una solución suficiente. Según expone, una prestación aproximada de 450 euros no permite vivir con dignidad, por lo que el empleo debe entenderse como una herramienta fundamental para garantizar derechos, autonomía económica e inclusión social plena.
El trabajo, añade, contribuye a reducir la dependencia, romper estigmas, mejorar la autoestima y favorecer la salud emocional. Además, permite a las personas con discapacidad demostrar competencias, desarrollar habilidades y construir un proyecto profesional propio.
La autonomía, precisa, dependerá siempre del grado de discapacidad o dependencia de cada persona. Sin embargo, Liberación Canaria considera incuestionable la necesidad de ofrecer oportunidades, eliminar barreras y evitar que la discapacidad se convierta en un motivo de exclusión del mercado laboral.
