La PALT celebra la anulación del PIOGC y carga contra un modelo territorial que considera agotado en Gran Canaria
- La plataforma sostiene que el plan expulsaba población de municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán
- El colectivo defiende un desarrollo que compatibilice turismo, residencia, derechos de propiedad e identidad territorial
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha celebrado la sentencia que anula el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) y ha aprovechado este pronunciamiento para cuestionar con dureza el modelo territorial que, a su juicio, inspiraba ese instrumento de planificación. La organización sostiene que el plan vulneraba derechos de propiedad, ignoraba usos consolidados reconocidos por la normativa autonómica y avanzaba hacia una ordenación “agotada, injusta e insostenible”, especialmente en municipios del sur como San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
La PALT vincula la sentencia a una impugnación basada en derechos consolidados
La plataforma subraya que su recurso contra el PIOGC no respondía a una controversia política coyuntural, sino a una impugnación fundamentada en la defensa de derechos consolidados y en la falta de motivación del plan. Según expone, uno de los puntos más controvertidos era la prohibición de compatibilizar usos residenciales y turísticos en una misma parcela, una coexistencia que considera históricamente presente en determinados ámbitos y que, además, entiende amparada por la Ley 4/2017.
En esa línea, la PALT sostiene que el plan insular dejó sin efecto la obligación de compatibilizar usos residenciales y turísticos recogida en esa norma, alejándose también, según denuncia, del consenso parlamentario que se había alcanzado previamente en Canarias sobre esta materia.
San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en el centro del debate territorial
Uno de los aspectos que la plataforma considera más graves es la propuesta de especialización de usos en municipios turísticos del sur de Gran Canaria. La PALT sostiene que el PIOGC impulsaba una diferenciación entre suelo turístico y suelo residencial incluso en ámbitos urbanos ya consolidados, especialmente en San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
Desde su punto de vista, esa orientación no respondía al interés general y podía traducirse en un desplazamiento de población, con afección directa a derechos previamente consolidados. La organización alerta de que este planteamiento no solo alteraba el equilibrio social y territorial, sino que además podía generar consecuencias económicas y administrativas para los ayuntamientos, al verse obligados a asumir los efectos de eventuales limitaciones sobre derechos ya existentes.
La plataforma rechaza un modelo turístico sin población local
En su valoración política y territorial del plan, la PALT va más allá del debate jurídico y plantea una crítica de fondo al modelo de isla que, a su entender, recogía el PIOGC. El colectivo rechaza una concepción del sur de Gran Canaria basada en la especialización intensiva del territorio para uso vacacional, en detrimento de la población residente.
La plataforma advierte de que esa lógica convertiría espacios emblemáticos del territorio en una mera oferta complementaria para visitantes, vaciando de contenido social e identitario zonas que forman parte del patrimonio de la isla. En ese marco, cita elementos como las Dunas de Maspalomas, el Palmeral del Oasis, el Roque Nublo o el macizo de Amurga como símbolos que, a su juicio, no deben quedar reducidos a un decorado subordinado exclusivamente a la actividad turística.
Costa, territorio e identidad: una crítica al monocultivo turístico
La PALT también pone el foco en la relación entre territorio e identidad. La plataforma defiende que la costa y el océano forman parte esencial de la realidad social y cultural de Gran Canaria, y considera erróneo orientar esos espacios de forma prioritaria al visitante mientras se debilita el vínculo de la población local con ellos.
Desde esa perspectiva, el colectivo cuestiona un modelo que, según afirma, persigue un aumento constante de la capacidad turística sin asumir su impacto sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. La organización denuncia que el PIOGC respondía a una lógica de crecimiento basada en “cuantas más camas mejor”, poniendo el territorio al servicio de una sola actividad y relegando otras dimensiones sociales, urbanas y culturales.
La sentencia abre un nuevo escenario sobre el futuro del modelo insular
La plataforma interpreta la anulación del PIOGC como un freno judicial a un modelo que consideraba lesivo para los derechos de propiedad, la convivencia de usos y el equilibrio territorial. A juicio de la PALT, el pronunciamiento confirma que el plan era discutible desde el punto de vista jurídico y que existían razones fundadas para impugnarlo.
A partir de ahora, el debate se traslada al terreno político e institucional. La organización defiende que el futuro de Gran Canaria debe alejarse del concepto de zonas turísticas segregadas y avanzar hacia ciudades y municipios donde turismo y residencia puedan convivir, respetando tanto la identidad del territorio como los derechos de quienes viven en él. La anulación del plan, en ese contexto, reabre una discusión de fondo sobre qué modelo territorial quiere la isla y para quién debe planificarse.
