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Gustavo Santana, secretario general de UGT Canarias

UGT demanda al ayuntamiento tirajanero por políticas antisindicales

Gustavo Santana, secretario general de UGT Canarias
Gustavo Santana, secretario general de UGT Canarias

El sindicato UGT ha presentado una demanda de Tutela Sindical por vulneración de derechos fundamentales al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tras más de tres años sufriendo las políticas antisindicales que desde el grupo de gobierno PP-AV “vienen ejerciendo sobre varios delegados de UGT, afiliados y al propio sindicato de forma sistemática”.

Después de anunciarlo el secretario general de UGT Canarias en varias Mesas Generales de Negociación que presentaría una demanda de estas características si no cesaban esas actuaciones de la administración hacia el sindicato, y ante el caso omiso que desde el concejal de Recursos Humanos se ha hecho sobre este asunto, esta semana se ha formalizado la misma en la jurisdicción competente.

Esta actitud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no es sino una parte más de la “política del miedo” que lleva ejerciendo desde el inicio de la legislatura el alcalde Marco Aurelio Pérez, y el concejal de Recursos Humanos, Manuel Vargas, y donde el sindicato UGT se ha convertido en un lastre para ejecutar “ciertas políticas laborales que quería efectuar a su antojo” la administración tirajanera, y que el máximo exponente lo tuvo cuando despidieron a una treintena de trabajadores municipales y fue denunciado ante la opinión pública por UGT, lo cual “no sentó nada bien” al mandatario municipal que “arremetió en un periódico” de la provincia de Las Palmas contra el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana.

UGT afirma que ambos cargos públicos tirajaneros “han manifestado su animadversión hacia el sindicato, y en ocasiones hacia su secretario general en Canarias”, tanto en medios de comunicación públicos, como en el pleno municipal, y en privado a afiliados y simpatizantes, animándolos a abandonar el sindicato, incluso no aplicando los mismos criterios laborales para ejecutar acciones de las mismas características para unos empleados públicos sobre otros, tomando como referencia sus simpatías o afiliación con UGT, perjudicando gravemente los derechos de unos trabajadores sobre otros.

 

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