El gobierno de Mogán adjudica un contrato a un despacho de abogados de Madrid
Nueva Canarias (NC) exige la convocatoria extraordinaria de la comisión infomativa en materia de contratación, para que la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno rinda cuentas sobre lo ocurrido explique por qué el grupo de gobierno Ciuca-PSOE ha incumplido la limitación económica impuesta por el art. 138.3 del TRLCSP, a los contratos menores y se esclarezcan así los motivos por los que los controles administrativos han fallado.
En el día de ayer, la concejala y portavoz de NC en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, tuvo acceso al decreto nº 266/2016 dictado por el concejal de contratación, el pasado 4 de febrero, en el que adjudica, al despacho Jiménez Cisneros Abogados S.L un contrato menor de servicio, por importe de 18.000, 00 euros al que se le debe añadir un Igic de 1.260,00 euros.
Dicho contrato, persigue que el despacho de abogados, radicado en Madrid, preste los servicios en materia de asesoramiento jurídico especializado en materia de dominio público al Ayuntamiento de Mogán y concretamente a la concejalía que dirige el portavoz de Ciuca, Mencey Navarro, que es quien propone dicha adjudicación.
Dicha adjudicación se ampara, en los artículos 10, 111, y 138.3 del Texto refundido de la Ley de Constratos del Sector Público, sin embargo el mismo decreto incumple con los preceptos en los que se apoya para realizar la adjudicación.
En este sentido, el artículo 138.3 de la legislación de contratos, establece que se consideran contratos menores, distintos al de obras, aquellos cuyas cuantías de adjudicación sean inferiores a los 18.000,00 euros. Pues bien, “aquí es precisamente donde reside la ilegalidad, pues el precio del contrato no es inferior a 18.000,00 euros, sino igual a dicha cuantía” afirma NC.
Según NC, esta situación -”en la que adjudica un contrato incumpliendo la ley”- es muy grave, pues significa que los controles administrativos han fallado estrepitosamente, por eso ha presentado sendos escritos en los que solicita, tanto una revisión del expediente por parte de la intervención de fondos, como la convocatoria extraordinaria de la comisión informativa en materia de contratación para que los responsables políticos de lo ocurrido rindan cuentas de este hecho a todos los grupos políticos.
Según afirmó la edil nacionalista, la situación generada por el “incumplimiento de la ley, la adjudicación a dedo, y la falta de control administrativo”, pone en evidencia el caos en el que se encuentra sumido el Ayuntamiento de Mogán, a la vez que pone de manifiesto los efectos tan nefastos, que la política de personal desarrollada por la alcaldesa Onalia Bueno está teniendo en la eficacia de la gestión de los asuntos públicos y en consecuencia el impacto negativo en las arcas municipales.
En este sentido, Santiago resaltó que el ahorro en gastos de abogados, que quiere vender el gobierno municipal, no es más que puro espejismo, puesto que “al gasto ilegalmente contratado” debemos añadir aquellos que se generarán como consecuencia de las demandas interpuestas por haber despedido a empleados municipales.
Los nacionalistas progresistas esperan que el grupo de gobierno Ciuca-PSOE “asuma su responsabilidad y tenga la valentía de convocar la comisión informativa de contratación, que ha rechazado sistemáticamente, y que afecta a la gestión de los recursos públicos municipales”.
