NC de Mogán lleva a la Fiscalía la licencia del ‘Paseo Marítimo de Tauro’
La concejala y portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, presentaba este miércoles un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas solicitando que se investigue si la licencia para la construcción del Paseo Marítimo Anfi Tauro se ajusta a la legalidad.
Isabel Santiago acredita, mediante el acta de la Junta de Gobierno Local del 29 de noviembre de 2011, que las obras debían comenzar como máximo dos años después de notificarse la licencia urbanística y disponían de un periodo de 11 meses para su ejecución; “una vez transcurridos estos plazos se procedería a la caducidad de la licencia urbanística” de obra mayor otorgada a la mercantil Anfi Tauro S.A. previa audiencia del interesado, “sin que se pudiese iniciar o proseguir la obra si no se solicitaba y obtenía una nueva licencia”.
En este sentido “no consta que ni el anterior alcalde, ni la actual alcaldesa del municipio de Mogán hayan acordado o propuesto a la junta de gobierno local la caducidad de la licencia ni el inicio de cualquier trámite que indique que se ha comenzado la tramitación del correspondiente expediente”, añade la documentación presentada.
En la denuncia, la concejala de NC también destaca que la alcaldesa de Mogán dictase el decreto Nº 1249/2016-F en relación al expediente Nº10.0495-11 por el que se concedió la licencia urbanística para las obras de construcción del paseo marítimo Anfi Tauro… “sin cuestionar ni una sola coma, da por bueno todo lo que en él se contiene, pasando por alto la situación de caducidad de la licencia urbanística”, sospechando que este decreto “parece un claro intento por evitar la caducidad de la licencia, pues no es usual que se eleve a definitivo cinco años después un acuerdo de junta de gobierno, que fue ejecutivo desde el mismo momento que se dictó”.
La portavoz de NC entiende que la alcaldesa Onalia Bueno dictó una resolución injusta “a sabiendas que la licencia estaba caducada” y todo apunta a que la resolución “tenía una clara intencionalidad de salvaguardar los intereses empresariales, eludiendo así el cumplimiento del mismo acuerdo, y por ende del procedimiento administrativo”.
Por último, Isabel Santiago solicita a la Fiscalía que admita a trámite lo presentado y realice cuantas gestiones sean oportunas a los efectos de determinar si los hechos relatados son constitutivos de algún delito.
