Denuncian “tomadura de pelo” en la participación de los reglamentos de la Ley del Suelo
La Plataforma Canarias Territorio Sostenible denuncia la opacidad del Gobierno canario en la tramitación de los reglamentos que desarrollan la Ley del Suelo. En una web “que dice ser de transparencia pero cuyo acceso es un desafío”, se expone cinco reglamentos al mismo tiempo para que la ciudadanía, en tan solo quince días, presente las alegaciones. Se da la “casualidad” que en esos quince días se incluye la semana santa.
Los cinco reglamentos suman 205 páginas y contienen, en total, nada menos que 382 artículos, además de 2 anexos y 29 disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, de forma que es materialmente imposible que ningún ciudadano, por muchas ganas que tenga de colaborar y participar, puedan analizar en detalle las propuestas de reglamentos y mucho menos elaborar o apuntar errores, defectos o alternativas a su contenido. Por eso la Plataforma Canarias Territorio Sostenible considera que el periodo abierto para la participación ciudadana es solamente, y de nuevo, una “tomadura de pelo” que demuestra que el Gobierno “no tiene el menor interés en que la ciudadanía participe en el desarrollo legal ni reglamentario y, para impedirlo, impone condiciones que imposibilitan cualquier colaboración o participación”.
Para la Plataforma, el Gobierno “no aprendió o no quiso aprender absolutamente nada” de las críticas que se le hicieron sobre los plazos “ridículos” de participación ciudadana que estableció, con el mismo fin, durante la tramitación de la Ley del Suelo; por el contrario, reincide en la misma política de “ocultismo y obstaculización” de la participación de la ciudadanía en temas tan trascendentes para el desarrollo de la actividad económica del Archipiélago y para la conservación de nuestro patrimonio ambiental, territorial y paisajístico.
La pretendida transparencia y la falsa oferta de participación ciudadana en la elaboración de los reglamentos, no dejan de ser sino “meros actos propagandísticos” del Gobierno, que no esconden su auténtico fin: “evitar la participación efectiva de la ciudadanía en la regulación y el gobierno del territorio, para ponerlo al servicio de los intereses especulativos y destructores de determinados agentes económicos”.
