La oposición de Mogán impugna el tribunal calificador de las oposiciones de policia local
La oposición en el Ayuntamiento de Mogán, conformada por los grupos políticos de Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), han presentado un escrito en el que impugnan el decreto 2264/2018 por que se designan a los miembros del tribunal calificador del proceso selectivo para ocupar cuatro plazas vacantes de policía local en el Ayuntamiento de Mogán.
Ambas formaciones políticas entienden que “cuatro de los miembros del tribunal, el presidente y tres vocales, podrían tener una clara relación clientelar con el gobierno que preside Onalia Bueno, pues desde que esta ocupó el sillón de la alcaldía han sido beneficiados de una un otra manera”.
NC y PP expresan que el presidente del Tribunal, Salvador Álvarez León, actual interventor municipal, “se ha beneficiado de un incremento de su complemento específico en 27.736,14 euros”, la alcaldesa se refirió a él como un simpatizante de su partido (Ciuca), y junto al agente Marcos Dominguez, vocal del tribunal, “ascendido a oficial en dos ocasiones, y cuya esposa ocupa el segundo puesto en una lista de reserva para trabajar como conserje en el Ayuntamiento”, son nombrados en las grabaciones sobre la supuesta trama para la compra de votos a favor del partido de la alcaldesa en las pasadas elecciones locales de mayo de 2015. Los otros dos vocales, Juan Francisco González y Ángel León, “han visto mejorada la situación laboral de familiares, y mejorado su situación económica respectivamente”. Sobre el segundo, la sección sindical de UGT ha denunciado ante el consistorio que “podría estar siendo remunerado doblemente por los mismos conceptos”.
Estas circunstancias son esgrimidas por los portavoces de la oposición, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), para sostener que con la participación de estos funcionarios en el proceso selectivo se vulnera el principio constitucional de la objetividad, recogido en el art. 103.1 de ésta, con la que deben actuar la Administración pública y sus empleados.
Para ambos concejales, tanto el presidente como los cuatro vocales del tribunal calificador deberían haberse abstenido de participar en el proceso selectivo, por tener un interés en el asunto, por lo que instan la recusación de los funcionarios, y la suspensión del procedimiento selectivo hasta que esta se resuelva.
Según NC y PP, el incumplimiento del deber de abstención, supone a su vez que los miembros del tribunal han cometido dos faltas disciplinarias, tipificadas como grave y muy grave en el artículo 7 letra g) del Reglamento Régimen Disciplinario aprobado por el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, así como en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en cuyo artículo 59 letra g) y en el art. 95.2 apartado a) del EBEP respectivamente, motivo por lo que ambas formaciones políticas solicitan la apertura del correspondiente expediente disciplinario de los funcionarios.
Los portavoces de la oposición, también solicitan que sea anulado el nombramiento como asesor del tribunal, en materia deportiva, de un trabajador laboral indefinido contratado como dinamizador y al que el Ayuntamiento se refieren como técnico municipal, “por carecer de la objetividad y la imparcialidad que se presuponen a los funcionarios de carrera”.
Según expresaron los firmantes del escrito, hay que poner freno al modo en el que Onalia Bueno, con el apoyo de los socialistas de Mogán gestiona la política de personal, en el que parece que “solo pueden tener cabida los amigos, los familiares y los simpatizantes de Ciuca-PSOE”.
La oposición de Mogán ha dejado claro que con esta acción lo que persigue es la defensa de un proceso selectivo limpio, objetivo e imparcial que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes, y eso solo se consigue con un tribunal que sirva fielmente a los principios constitucionales, sentenciaron Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP).
