La oposición de Mogán lleva a la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria las declaraciones de la alcaldesa en el pleno
Nueva Canarias y el Partido Popular amplían las denuncias presentadas por la actividad privada de Onalia Bueno, al entender que las declaraciones de la alcaldesa en el pasado pleno, ponen de manifiesto que percibe más ingresos no declarados por alquileres.
Ambas formaciones están ultimado un escrito de recusación contra la alcaldesa de Mogán, “ante la pasividad con la que el secretario de la Corporación está tratando este asunto”.
La portavoz de Nueva Canarias en el municipio sureño, Isabel Santiago, y Populares de Mogán, por medio de su portavoz Francisco Maicol Santana pusieron, el pasado 21 de marzo, en conocimiento tanto de la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, como de la Agencia Tributaria, la situación en la que se encuentra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, tras conocerse que había estado compaginando su puesto al frente del Ayuntamiento con el cargo de administradora de una empresa privada, denominada Ernesto Fernández Morales S.L.U.
En sendos escritos detallaron que Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, había estado cobrando del Ayuntamiento una retribución en régimen de dedicación exclusiva durante todo el mandato, al mismo tiempo que figuraba como administradora única de una empresa privada. Este hecho, dado a conocer por los medios de comunicación, ha sido calificado por la oposición como, además de una irregularidad, “una desfachatez impresentable, que produce vergüenza ajena, pues supone reírse de todos los vecinos de Mogán.”
Hay que destacar que esta sociedad privada fue recientemente objeto de una ampliación de capital por importe de 120.000 euros, “lo que pone de manifiesto que dicha empresa tiene actividad y es, precisamente, Onalia Bueno quien ejerce la máxima responsabilidad de gestión de la misma, como administradora única”.
Pleno ordinario del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al mes de marzo
Fue en la celebración de la pasada sesión plenaria del mes de marzo, cuando desde la oposición se realizó una batería de preguntas a la alcaldesa de Mogán, relacionadas con su actividad empresarial.
Para sorpresa de todos, “las respuestas dadas por la alcaldesa lejos de aclarar las dudas, supusieron enredar aún más la situación, pues llegó a afirmar que percibía retribuciones en concepto de alquileres, que no aparecen recogidos en su declaración de bienes, y que el dinero que inyectó en 2017 a su empresa, provenían de la donación de un terreno que le realizó su padre”. Afirmaciones que han llevado a la oposición a ampliar su denuncia y aportar la grabación del pleno tanto en la Inspección Fiscal como en la Agencia Tributaria.
Según Santiago y Santana, “estos datos son muy preocupantes, pues confirman no solo que la alcaldesa compatibiliza su dedicación exclusiva con otros ingresos no declarados, sino que la alcaldesa de Mogán está mintiendo a todos”.
Asío las cosas, NC y el PP de Mogán señalan que, “es imposible que una sociedad esté inactiva y se le ingresen 120.000 euros para pagar deudas, además de entender como una falta absoluta de vergüenza técnica que el secretario de la corporación afirme que entiende que no hay incompatibilidad por lo que le ha dicho la alcaldesa, y que no haga nada por obtener o requerir a ésta a que aporte prueba documental alguna que acredite la veracidad de las afirmaciones de la alcaldesa”.
Por esta razón, los portavoces de NC y del PP, Isabel Santiago y Maicol Santana, han explicado que están ultimando los detalles de un escrito para recusar a la alcaldesa de Mogán, y que presentarán en breve para obligar a que se produzca un pronunciamiento legal del secretario de la corporación.
“Ya no sólo padecemos en Mogán un gobierno ineficaz que está haciendo retroceder al municipio a pasos agigantados, sino que además su alcaldesa, quien debiera ser la que más ejemplo de rectitud y honradez diese, protagoniza con sus declaraciones un escándalo tras otro, no sólo por lo que hace sino por lo que dice”.
Ambos portavoces esperan que tanto la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, como la Agencia Tributaria, investiguen este “poco recto proceder de Onalia Bueno, y que adopten todas las medidas sancionadoras que estimen oportunas, una vez que se acredite el fraude denunciado”.
