Un gobierno de progreso para España
El pasado martes, día 7 de enero, asistimos a un momento que podemos calificar, sin lugar a dudas, como histórico. El Congreso de los Diputados invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, en una votación muy ajustada, y después de meses de provisionalidad, con la suma de distintas fuerzas progresistas. De esta manera se da paso al primer ejecutivo de coalición de la historia constitucional de España y a la primera ocasión en la que los dos partidos mayoritarios de la izquierda española formarán parte del Consejo de Gobierno.
El próximo gobierno sienta varios precedentes relevantes que deberían inaugurar un nuevo tiempo de acuerdos, más en consonancia con el actual sistema pluripartidista y la pluralidad política y social del Estado español. A nivel autonómico, insular y local hay una amplia y positiva experiencia de gobiernos de coalición. Sin ir más lejos en el Cabildo de Gran Canaria hemos reeditado el acuerdo tripartito que en 2015 firmamos entre Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos, que recoge la voluntad de la mayoría social de Gran Canaria y que considero que ha sido muy positivo para la isla.
Este nuevo gobierno viene precedido de un lamentable y peligroso espectáculo de la derecha, tanto fuera como dentro del Congreso de los Diputados. Comportándose como ultras totalitarios han llevado a cabo una campaña de presión antidemocrática cercana al acoso que ha incluido insultos, amenazas, pintadas en sedes de partidos, llamadas a los móviles de los diputados y diputadas incitando al transfuguismo, miles de correos, gritos e intento de boicot a la sesión de investidura. Miembros de VOX han llegado incluso a invocar un alzamiento contra el gobierno legítimamente constituido y el diputado de Teruel Existe tuvo que pasar la noche del 6 al 7 de enero en una ubicación desconocida por seguridad. No tengo palabras para definir esta situación más propia de regímenes autoritarios que de democracias consolidadas.
Además de los dos partidos que conforman la coalición, el gobierno estará apoyado parlamentariamente por una variada representación de fuerzas territoriales y las llamadas nacionalistas periféricas, entre las que está Nueva Canarias, que han mostrado mucha más altura de miras y compromiso con la gobernabilidad que quienes se llenan la boca con la defensa y la unidad de España. Al estar apoyado por Nueva Canarias, el BNG, Compromís, Teruel Existe, PNV, etc. éste será un ejecutivo que tendrá que reconocer necesariamente la diversidad estatal y el carácter plurinacional de España, aspectos en muchas ocasiones relegados por las fuerzas estatales. Desgraciadamente, el voto de Coalición Canaria no sirvió a las necesidades de Canarias, sino al interés de ATI de reagrupar el voto conservador en las islas donde ha perdido el poder, desde luego su posición dista bastante de los principios de progreso, igualdad, justicia y soberanía que deberían guiar a un proyecto nacionalista útil para Canarias.
Aunque los ciudadanos y ciudadanas progresistas estamos contentos por el entendimiento de las izquierdas y el fin de una etapa de interinidad y desgobierno, lo cierto es que el nuevo gobierno se enfrenta a un escenario muy complejo en el que tendrá por delante el reto de revertir más de una década de recortes sociales y de asfixia de las administraciones autonómicas, insulares y locales que son las que gestionan la mayor parte del Estado del bienestar. También a la responsabilidad de no frustrar las esperanzas creadas.
El contenido del pacto PSOE-Podemos “Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España” apunta hacia la dirección de recuperar esta “década perdida” protagonizada por las políticas neoliberales. Incluye la derogación de la reforma laboral y una mayor protección de los trabajadores, así como una subida de impuestos a las rentas más altas para intentar mejorar la progresividad del sistema tributario en España. El gobierno también se compromete a regular el precio de los alquileres y la creación de un parque público de vivienda, así como a eliminar los copagos o a una regulación más estricta de las casas de apuestas.
El texto recoge la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética que se plantea como objetivo que el 100% de la generación eléctrica sea renovable en 2050. La igualdad entre hombres y mujeres tiene un carácter transversal y se aprobará una ley específica contra las violencias sexuales, a frenar la trata y explotación de las mujeres. Otro de los compromisos en favor de la igualdad de oportunidades son los planes para frenar la despoblación de la llamada España Vaciada, y la actualización del Estado Autonómico para mejorar su cohesión y eficiencia.
Hay muchísimas más medidas, pero es precisamente la cuestión territorial una de las más espinosas de las que deberá responder el gobierno. Canarias necesita con urgencia un nuevo sistema de financiación autonómica que el PSOE se ha comprometido a aprobar en 8 meses. Canarias, durante muchos años la Comunidad Autónoma peor financiada del Estado, se juega mucho en esta negociación y en general en esta legislatura y ya el diputado de Nueva Canarias supeditó el apoyo a la investidura al establecimiento de una agenda canaria y el respeto a las singularidades del archipiélago, como el REF, el Estatuto de Autonomía y el carácter de Región Ultraperiférica de la UE.
¿En qué consistiría esa agenda canaria? En primer lugar, como acabo de explicar, en garantizar una correcta financiación situando a Canarias en la media del resto de comunidades autónomas sin computar los recursos del Régimen Económico y Fiscal así como su pleno desarrollo como forma de garantizar la cohesión social, económica y territorial. Eso incluye un Plan integral de Empleo para las islas, más becas para el estudio, fondos para paliar la pobreza mientras esté por encima de la media estatal y un plan estratégico de turismo. Asimismo hay que garantizar la movilidad con el descuento del 75% (revisando los abusos de las compañías aéreas), ayudas para el agua, la quinta libertad aérea (que permitiría a Canarias convertirse en una plataforma tricontinental) y el fomento de la I+D+i. El gobierno debe comprometerse asimismo a cumplir el convenio de carreteras pagando la deuda acumulada desde 2006 hasta 2017.
Pero el nacionalismo canario progresista también está comprometido con el progreso del conjunto del Estado, y con el avance de los derechos sociales y civiles del conjunto de la ciudadanía. Por ello también reclama al gobierno la modificación de la regla de gasto para permitir a las instituciones autonómicas, insulares y locales la adecuada atención de las necesidades de la población. Por último aboga por un ejecutivo comprometido con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, la defensa de unas pensiones dignas y de una educación y sanidad públicas y de calidad, la lucha contra el cambio climático y el combate contra la brecha de género y la LGTBIfobia.
Tenemos que ser cautos y mesurados. El gobierno de coalición que sale de la investidura del 7 de enero está sustentado en una exigua mayoría que tendrá que pactar con un gran número de interlocutores y que se enfrenta a una de las tesituras más complejas de la historia reciente de España. Pero no podemos ocultar nuestra satisfacción porque este gobierno también implica la derrota de los discursos de odio, de los que no reconocen el carácter plurinacional del Estado español, de los que abogan por el mantenimiento de los privilegios de los que más tienen. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria al frente de un gobierno de coalición progresista me alegro profundamente de contar con un Gobierno de España afín que debe ayudarnos a consolidar nuestro proyecto ecosocial para Canarias. Qué pena que lo conseguido el día 7 de enero no se hubiese hecho mucho antes. Nos hubiésemos ahorrado muchos sinsabores y el avance de la extrema derecha.
