El 40% de los trabajadores afectados por ERTES en Canarias están en los municipios turísticos
- En total suponen 73.137 afectados por regulaciones que se suman a los casi 20 mil puestos de trabajo destruidos en el mes de marzo en los 13 municipios
- La Asociación insiste en que es prioritario que se deje utilizar los más de 600 millones que tienen en los bancos para contrarrestar los efectos de la crisis
Más de 73.000 trabajadores de los casi 200.000 que en Canarias se han visto afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) trabajan en alguno de los trece municipios que forman la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). A ese dato hay que sumar otro aún más grave: la destrucción de 19.463 empleos en el mes de marzo en estos mismos municipios turísticos.
Con estas cifras en la mano, ayer se reunió de manera telemática la junta directiva de la AMTC para buscar soluciones conjuntas a esta difícil situación y para hacer las oportunas reivindicaciones a las administraciones superiores como el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España que pasan, “de manera prioritaria y urgente”, porque el estado flexibilice su postura en materia económica y “nos permita usar no solo la totalidad del superávit del ejercicio de 2019 sino otra parte importante del remanente que tenemos acumulado en los bancos y que corresponde al ahorro generado en los años anteriores a 2019”, tal y como informaron el presidente y la vicepresidenta de la asociación, José Miguel Rodríguez Fraga y Onalia Bueno, alcalde y alcaldesa de Adeje y Mogán.
La AMTC considera que el turismo debe estar en el debate de la recuperación económica, asumiendo el papel importante que tiene en la sociedad y en la economía. Además, la asociación debe tener un papel de interlocución y por eso pedirá reuniones con los responsables de turismo tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España.
Las cifras exactas son muy crudas ya que de los 195.183 trabajadores afectados por ERTE en Canarias, 73.137 operaban en alguno de los municipios de la AMTC, lo que supone un 37,47% del total. Además, en un mes de marzo en el que en 2019 se generaron 1.895 empleos, en 2020 se han destruido 19.463 de los más de 51 mil del total de Canarias.
Estas cifras representan una realidad clara, ya que normalmente “somos estos municipios los que lideramos la creación de empleo y hacemos de motor de la economía canaria, pero ante una crisis de estas características se da la vuelta a todos los parámetros y somos los que más sufrimos las consecuencias y los que más empleo y economía perdemos y, con nosotros, toda Canarias”, explicó la alcaldesa de Mogán.
Para contrarrestar esta situación, desde la asociación se considera primordial poder utilizar parte o la totalidad del dinero acumulado en bancos para llevar a cabo medidas directas que contrarresten los efectos de la crisis del Coronavirus. “El gobierno ya ha calculado que el PIB canario va a perder un 20% y unos 10 mil millones de euros, que se pueden destruir unos 350 mil empleos; eso hay que frenarlo con medidas contundentes que necesitan financiación, y ese dinero lo tenemos ahora mismo congelado en los bancos, no tiene ningún sentido”, afirmó el alcalde de Adeje. Si no se pudiera utilizar esos remanentes, se va a solicitar al Estado que permita a los municipios endeudarse y se flexibilice la regla del gasto para afrontar esa situación.
Se insiste en la necesidad del gran pacto por el turismo, que ya trasciende a lo meramente canario y que debe ser de carácter nacional. También se va a solicitar que la Unión Europea prepare un plan de apoyo al sector turístico y de incentivación de los viajes desde Europa a través de los fondos europeos. Dentro de ese gran pacto se debe abordar una estrategia de comunicación y promoción para explicar al público que Canarias es “un destino seguro, de calidad y de confianza, factores que se han demostrado y que van a ser vitales para que los turistas vuelvan a las islas”.
Once de los trece municipios que pertenecen a la AMTC tienen depositados en entidades bancarios 651 millones de euros que las actuales leyes de contención impiden utilizar. Esa es la cantidad que acumulan los ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua, Yaiza, Pájara, Santiago del Teide y Puerto de la Cruz a lo que hay que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de los otros dos miembros de la AMTC: Teguise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global supera los 800 millones de euros. Hay que recordar que la FECAM anunció hace pocas semanas que el remanente total de los municipios y los cabildos ronda los 4500 millones. “Utilizar parte de esas cantidades serviría para poner en marcha planes de empleo público que servirán para mantener nuestras infraestructuras, embellecer y mejorar los destinos turísticos, incentivar otros sectores económicos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que lo están pasando realmente mal”, coincidieron ambos alcaldes.
Por todo lo anterior, la AMTC reclama unidad de acción y unidad de mensaje para poder tomar medidas inmediatas para facilitar la recuperación económica, crear planes de acción centrados en la creación de empleo y la reactivación de las PYMES, los autónomos y las empresas turísticas. Escuchar algunas peticiones de las patronales como flexibilizar los ERTE, el entramado administrativo o las aperturas y desarrollo de los trámites. La asociación se une también a las reivindicaciones de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y solicita al Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con el déficit de los países más afectados por la crisis del Coronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto a la flexibilización de la regla del gasto o el endeudamiento.
Solicitan que esa utilización no quede supeditada a gastos de emergencia social que, por supuesto, también estarán incluidos, sino que sirvan para planes de empleo público e inversiones que inyecten dinero a las empresas y a la economía local, a las de proximidad, y también a las del sector turístico que requieren de incentivos fiscales, agilización de trámites y otras medidas urgentes que sirvan para reactivar su productividad y la generación de empleo.
