Antonio Morales mantiene que “este pacto de asilo y migración no es bueno para Canarias”
En la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Granada la pasada semana, se llegó a un acuerdo sobre el Reglamento de Gestión de Crisis, una de las partes que componen el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. El reglamento estaba en una situación de bloqueo debido a las posturas distantes entre Alemania e Italia por el papel de las organizaciones no gubernamentales en los rescates y porque Alemania defendía una mayor protección para las familias y menores.
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es un tema complejo que tiene tras de sí un largo proceso de elaboración y negociaciones: lleva danzando desde el 23 de septiembre de 2020. He hablado de él en distintas ocasiones ya que pretende introducir algunas modificaciones que serían nefastas para el derecho al asilo en Europa y muy malas para Canarias. En la práctica podría legitimar la consideración del archipiélago como islas cárceles, espacios de retención de personas migrantes en lo que solventan su situación administrativa.
Además, paradójicamente, el acuerdo llega en un momento en el que se ha vuelto a reactivar con fuerza la ruta canaria. En lo que llevamos de año han llegado al archipiélago casi 19.000 personas, más que en todo el año 2022, cuando las llegadas superaron las 15.600. Estamos volviendo a ver escenas vergonzantes en El Hierro (personas durmiendo tiradas en el suelo por ausencia de centros en los que acogerlos) y seguimos esperando una respuesta clara y efectiva por parte del Gobierno de España.
El texto definitivo no se conoce aún, pero el Gobierno de España ha hecho un anuncio en el que destaca como positiva, entre otras cosas, la posibilidad de que los estados miembros que se estén enfrentando a una situación de crisis puedan solicitar el apoyo de otros países de la UE. Además, las compensaciones de responsabilidad contemplan que el país que presta su ayuda se haga cargo de la tramitación de las solicitudes de protección internacional así como el auxilio financiero u otras medidas de solidaridad.
Sin embargo, estos anuncios están siendo muy criticados por la organizaciones sociales y especialistas en la materia por inoperativos e insuficientes, dado que esto en cierto modo ya existía. Lo que se necesitaba era la creación de un procedimiento automático de distribución, de lo contrario parece que el nuevo procedimiento continuará siendo una carga de difícil gestión para los países receptores.
También, por lo que sabemos hasta ahora, el texto incluye aspectos muy preocupantes como la complicación legal y administrativa para las personas solicitantes de asilo, endureciendo mucho la actual situación o poniendo en marcha un procedimiento que insta a que estén encerrados en centros más tiempo del permitido actualmente. Además, como dije anteriormente, sigue destacando la ausencia de procedimientos regulados que ordenen el flujo migratorio, avanza en la potenciación de creación de “cárceles” para migrantes en terceros países y obvia una estrategia adecuada que cuente con los territorios fronterizos y con las administraciones locales. Lo cierto es que están ausentes las necesidades locales y sobrerrepresentadas las opiniones e intereses de países del centro y norte de Europa.
¿Y cuáles serán las consecuencias para Canarias de dicho acuerdo? La primera y más grave es que todo lo planteado creará una situación para muchas personas de imposibilidad de retorno a su lugar de origen y se impide que puedan proseguir el camino a su destino quedándose en las islas en situación de completa irregularidad y vulnerabilidad social. Es en parte la realidad que ya estamos viviendo con personas en situación de calle que se han quedado en un limbo legal y dependientes de las ayudas que puedan recibir de organizaciones sociales.
Naciones Unidas ya ha criticado con dureza las propuestas de este pacto que muchos ya empiezan a llamar de la “vergüenza”. Estamos hablando, por ejemplo, de ampliar los periodos de detención o de dificultar el acceso al asilo, empeorando las circunstancias en las que están muchas personas. Tenemos no obstante que esperar a ver el texto definitivo y comprobar si al igual que Ceuta y Melilla, Canarias comenzará a formar parte del Frontex o no, como hasta el momento.
Este acuerdo parece ahondar, además, en la falta absoluta de una coordinación institucional entre administraciones para gestionar la acogida de forma integral y administrar con eficacia la situación de vulnerabilidad de muchas personas que seguirán llegando sometidos a una extrema vulnerabilidad y situando a las islas y a sus instituciones ante realidades para la que no tienen recursos ni capacidad de gestión.
Incluso sin haber podido acceder al texto definitivo, las noticias que nos llegan, anunciadas por el propio gobierno, van justo en la dirección contraria de lo que necesitamos. No hay mecanismos de distribución de las personas que llegan a las fronteras de la UE, se sigue avanzando en la externalización de las fronteras, se vulnerabiliza aún más a las personas migrantes y se siguen poniendo impedimentos al acceso al derecho de asilo. Es decir, se refuerzan todos los elementos de la política europea de migraciones que nos han traído hasta el actual desastre.
Canarias, como una de las fronteras sur de la Unión Europea y una de las principales rutas migratorias, tiene que tener voz en este proceso. Las instituciones canarias deben –debemos- reclamar al Gobierno de España que escuche e incorpore sus peticiones en esta materia y que comience por liderar una iniciativa institucional para establecer un sistema de acogida digno y solidario, que respete los derechos de las personas migrantes y las distribuya de manera equitativa por los diversos territorios.
Sinceramente, creo que el Gobierno de España no está calibrando adecuadamente las consecuencias sociales y políticas de seguir insistiendo en una política que por la vía de los hechos convierte a Canarias en un territorio de detención y retención de personas migrantes. Un territorio en el que además estas personas corren el riesgo de quedarse “encerradas” en un limbo legal que ni les permite residir legalmente, ni continuar su viaje ni retornar a sus países. No podemos permitirlo.
Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria
