Canarias reformará la Ley del Turismo para dar seguridad jurídica a propietarios y explotadores
- Jéssica de León defiende en el Parlamento una nueva normativa para resolver conflictos enquistados en complejos turísticos
- La Consejería plantea reconocer segundas residencias, ordenar la vivienda vacacional y reforzar la unidad de explotación
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias se ha comprometido a modificar la Ley del Turismo de Canarias para ofrecer mayor seguridad jurídica a propietarios, explotadores y administraciones públicas ante una realidad turística que, según defendió la consejera Jéssica de León en el Parlamento autonómico, ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. La responsable regional afirmó que la normativa actual no responde a la realidad pasada ni presente del Archipiélago y señaló que la inseguridad jurídica afecta tanto a los propietarios como a los explotadores.
Durante una interpelación en la Cámara regional, De León defendió la necesidad de resolver un conflicto “enquistado desde hace décadas” y pidió “altura de miras” para avanzar en soluciones compartidas. Según explicó, la reforma busca dar respuesta a una situación marcada por complejos turísticos con múltiples propietarios, conflictos entre residentes y explotadores, procedimientos sancionadores, recursos judiciales y una normativa que cumple más de treinta años.
Una ley para adaptar el turismo canario a la realidad actual
La nueva Ley de Turismo que impulsa la Consejería sustituirá la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y fusionará la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias. El objetivo del departamento autonómico es construir un texto que se ajuste a la casuística de las islas y que permita ordenar una realidad turística compleja, especialmente en aquellos espacios donde conviven usos alojativos, residenciales y vacacionales.
Jéssica de León defendió que el Gobierno de Canarias no pretende eliminar la gestión unitaria ni la especialización turística, ni renunciar al control de los establecimientos. Según indicó, la reforma busca crear un instrumento más eficaz para garantizar la calidad de los alojamientos, la homogeneidad de los servicios, la competitividad del destino y la sostenibilidad territorial, al mismo tiempo que se atiende la realidad de los municipios, se reconocen las segundas residencias y se da seguridad al propietario.
La consejera insistió en que no se trata de un problema creado por el actual Gobierno, sino de una realidad conocida por las administraciones desde hace años y que no ha encontrado una solución clara. En este sentido, subrayó que Canarias necesita una norma capaz de proteger el futuro turístico del Archipiélago y, a la vez, los derechos de las personas que llevan años afectadas por esta situación.
Unidad de explotación, vivienda vacacional y segundas residencias
La hoja de ruta planteada por la Consejería pasa por la colaboración institucional y se articula en torno a cuatro ejes. El primero consiste en que los ayuntamientos especialicen el uso mediante sus herramientas de planeamiento. El segundo busca permitir y reconocer las segundas residencias. El tercero plantea identificar aquellos apartamentos que siguen explotándose turísticamente en la modalidad de vivienda vacacional. El cuarto eje pretende fortalecer el principio de unidad de explotación.
De León señaló que el principio de unidad de explotación sigue siendo una pieza relevante dentro del modelo turístico canario. La consejera defendió que la reforma no supone una renuncia a la especialización turística, sino una actualización del marco legal para hacerlo más eficaz y adaptado a la realidad actual de los establecimientos, los propietarios y los municipios.
La responsable autonómica también destacó que el futuro texto se elaborará desde el diálogo con los sectores implicados. Según indicó, la Consejería ha recibido 745 aportaciones de representantes de asociaciones y federaciones de alojamientos hoteleros y extrahoteleros, sindicatos, la Inspección de Trabajo, el Colegio Oficial de Graduados Sociales y colectivos ecologistas.
La Consejería defiende que debe cumplir la ley vigente
Mientras se tramita la actualización normativa, Jéssica de León defendió que la Consejería de Turismo y Empleo está obligada a aplicar la regulación actual. La consejera afirmó que su departamento “no abusa, no echa y no persigue”, sino que cumple la ley vigente en un contexto marcado por décadas de inacción, litigios y conflictos sin una solución clara.
En su intervención, De León respaldó esta posición en dos sentencias recientes dictadas por los tribunales sobre la unidad de explotación y el deber de atenerse al uso. Según la consejera, estas resoluciones confirman de forma “firme e inequívoca” el ordenamiento jurídico aplicable en este momento.
La titular de Turismo también se refirió a la supuesta consolidación del uso residencial por el transcurso del tiempo. Citando una resolución judicial, señaló que no basta con residir cuatro años para consolidar ese uso, sino que es necesario que los ayuntamientos especialicen previamente los usos mediante sus instrumentos de planeamiento.
Propiedad, función social y futuro turístico de Canarias
La consejera recordó además que los tribunales han reiterado que el derecho de propiedad no tiene carácter absoluto, sino que está sujeto a las limitaciones derivadas de su función social y de las determinaciones urbanísticas y turísticas vigentes. Con este argumento, defendió que la reforma debe equilibrar la protección de los derechos de los propietarios con la ordenación del modelo turístico.
Jéssica de León concluyó que Canarias necesita una ley capaz de proteger al mismo tiempo la competitividad del destino turístico y los derechos de las personas atrapadas desde hace años en este conflicto. La reforma de la Ley del Turismo se plantea, por tanto, como una respuesta jurídica, turística y territorial a una realidad que afecta al funcionamiento de los establecimientos, a la seguridad de los propietarios y al futuro del principal sector económico del Archipiélago.
