El Gobierno propone 15 ejes frente a la emergencia climática con medidas específicas para costas y archipiélagos
El Gobierno de España trabaja en un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con el objetivo de articular una respuesta coordinada y estable ante el aumento de las sequías, los incendios, las inundaciones y otros fenómenos extremos. La propuesta se estructura en 15 ejes de actuación que abarcan desde la prevención de incendios y la gestión del agua hasta la protección de las costas y los archipiélagos, la salud pública, los servicios de emergencia, la transición energética y la lucha contra la desinformación climática.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 17 de diciembre de 2025, después de que el Consejo de Ministros aprobara previamente su hoja de ruta. Su elaboración ha contado con más de 3.800 aportaciones y sugerencias procedentes de más de 1.300 actores sociales y organizaciones, dentro de un proceso de participación planteado para incorporar a administraciones, fuerzas políticas, trabajadores, empresarios y sociedad civil.
Costas, archipiélagos, incendios y agua centran parte del nuevo pacto climático
El planteamiento del Ejecutivo parte de la necesidad de preparar a España frente a unos impactos climáticos que, según recoge la propuesta, serán cada vez más intensos. El objetivo es reforzar la capacidad de adaptación, prevención, respuesta y recuperación de las diferentes administraciones ante episodios extremos, procurando que la acción climática trascienda las diferencias políticas y territoriales.
Uno de los primeros ejes persigue incorporar el conocimiento científico sobre el cambio climático a todas las políticas públicas. Para ello se plantea elaborar evaluaciones de riesgos e impactos a escala nacional y autonómica, actualizar estrategias y planes de respuesta y reforzar la información científica disponible para la toma de decisiones.
La gestión forestal ocupa también un lugar destacado. El documento propone avanzar hacia un modelo adaptado a la nueva realidad climática mediante reforestaciones más resilientes, una gestión activa de los montes y actuaciones preventivas destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales.
El agua constituye otro de los pilares. El Gobierno plantea una respuesta nacional destinada a aumentar la resiliencia de pueblos y ciudades frente a sequías e inundaciones, reforzando la prevención, la planificación hidrográfica y la sostenibilidad del ciclo urbano del agua. A ello se suma la restauración de ecosistemas degradados y la conservación de la biodiversidad como mecanismos de protección frente a los impactos asociados al clima.
La propuesta incorpora expresamente la protección y adaptación de los sistemas costeros y marinos y de los archipiélagos, un eje de especial interés para los territorios insulares. Entre las actuaciones planteadas figuran la protección de los océanos, la actualización de la delimitación de los espacios de dominio público marítimo y el impulso de un turismo costero más sostenible y resiliente frente al cambio climático.
El medio rural forma igualmente parte de la estrategia, con medidas orientadas a mejorar la conectividad, la cohesión territorial y la innovación, mientras que para los sectores agrario y pesquero se propone reforzar prácticas capaces de contribuir a la prevención y mitigación de fenómenos extremos. Entre ellas se encuentran el apoyo a la ganadería extensiva, la transformación de los sistemas de regadío, la agricultura regenerativa y el impulso de los seguros agrarios.
Refugios climáticos, más Protección Civil y transición energética entre las medidas propuestas
La protección de la población constituye otro de los grandes bloques del Pacto de Estado. El Gobierno plantea crear una red estatal de refugios frente a las olas de calor y mejorar el confort térmico de viviendas, centros educativos y lugares de trabajo como parte de las medidas destinadas a reducir el impacto del clima sobre la salud.
El documento propone también reforzar de manera permanente los medios humanos y técnicos disponibles para afrontar grandes incendios y otras catástrofes naturales. Entre las iniciativas figura la creación de un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil y la organización de equipos profesionales estables que puedan combinar labores preventivas y operativas en función de la época del año.
A esta actuación se añade un refuerzo de la coordinación entre los servicios de emergencia. La propuesta contempla una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias y un Plan Nacional de Interconexión e Interoperabilidad de Información de Emergencias, con el propósito de compartir datos en tiempo real y facilitar respuestas más rápidas y coordinadas.
El pacto pretende asimismo fomentar una cultura ciudadana de prevención mediante campañas informativas, simulacros y procesos comunitarios de participación. Otro de sus ejes está dedicado específicamente a combatir la desinformación climática mediante mecanismos de verificación y programas destinados a mejorar la alfabetización de la población ante informaciones falsas o manipuladas.
En materia energética, la propuesta persigue acelerar la transición ecológica, reducir progresivamente la utilización de combustibles fósiles, impulsar la rehabilitación energética de los edificios y avanzar en la electrificación del transporte, con el horizonte de alcanzar la neutralidad climática. También se plantea crear mecanismos específicos de financiación para afrontar emergencias y mejorar la coordinación de los fondos europeos, estatales, autonómicos y locales.
El último eje está dedicado a garantizar la continuidad y evaluación del acuerdo. El Gobierno propone mecanismos como una comisión parlamentaria y un grupo de trabajo dentro del Consejo Nacional del Clima, además de establecer una actualización del Pacto de Estado cada tres años.
La iniciativa se plantea en un contexto en el que España figura entre los países europeos especialmente expuestos a los efectos del cambio climático. Según los datos recogidos por el Gobierno, durante los últimos cinco años las lluvias torrenciales y las DANA han aumentado un 15%, mientras que la superficie afectada por los incendios ha crecido un 80%. El documento señala además que los fenómenos climáticos extremos han causado más de 20.000 muertes.
Solo durante 2025, los incendios quemaron más de 383.000 hectáreas, afectaron a 440 municipios y obligaron a evacuar a más de 30.000 personas. El Gobierno recuerda igualmente que las riadas registradas en el este y sureste peninsular a finales de octubre de 2024 causaron 239 fallecidos.
El Pacto de Estado continúa siendo, por tanto, una propuesta sobre la que el Ejecutivo busca alcanzar un acuerdo amplio. Su finalidad es dotar de continuidad a las políticas de prevención y adaptación y preparar a las administraciones y a la ciudadanía frente a fenómenos que, según recoge el documento, podrían ser cada vez más frecuentes y severos.
