Canarias acelera la nueva Ley del Sector Público para simplificar la Administración y evaluar sus políticas
- El Consejo de Gobierno acuerda este lunes la tramitación urgente del anteproyecto para reducir los plazos de elaboración y aprobación y acelerar su envío al Parlamento.
- La futura norma pretende actualizar un marco que se remonta a 1990 e incorporar herramientas de planificación, rendición de cuentas y transformación digital, incluida la inteligencia artificial.
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes 28 de septiembre de 2026 la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias. La decisión busca reducir los plazos administrativos y acelerar la remisión al Parlamento de una iniciativa destinada a actualizar la organización y el funcionamiento del sector público autonómico.
La futura norma plantea reforzar la simplificación administrativa, establecer un sistema de evaluación de las políticas públicas y dar cobertura jurídica a la transformación tecnológica de la Administración. El acuerdo adoptado se refiere a la urgencia de su tramitación; la ley continúa en fase de anteproyecto.
¿Por qué se acelera la nueva Ley del Sector Público?
La iniciativa legislativa fue acordada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2024. Con la declaración de urgencia, el Ejecutivo pretende acortar los plazos de su elaboración y aprobación para avanzar hacia su presentación ante la Cámara autonómica.
El anteproyecto cuenta ya con un texto articulado y una memoria justificativa, elaborados a partir de los trabajos de una comisión creada específicamente para estudiar la futura regulación. En ese proceso han participado profesionales del sector público y representantes de diferentes departamentos del Gobierno de Canarias.
La tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.
Simplificación administrativa y reglas para las entidades públicas
La futura ley pretende establecer una regulación del sector público institucional canario que mejore la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa. Para ello, propone un marco que garantice de forma permanente la simplificación administrativa en sus distintas dimensiones.
El texto también busca identificar el régimen jurídico aplicable a las entidades que integran el sector público institucional autonómico, regular las relaciones entre administraciones y definir el marco normativo de la planificación.
Estas medidas forman parte de una actualización integral con la que el Ejecutivo pretende adaptar la organización pública a las necesidades actuales de funcionamiento y gestión.
Evaluar las políticas públicas y reforzar la rendición de cuentas
Una de las principales novedades es el diseño de un sistema de evaluación de las políticas públicas. Su finalidad será analizar las intervenciones del Gobierno y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.
La propuesta incorpora así la evaluación junto a las herramientas de planificación previstas en la futura norma. Ambos ámbitos se integran en el objetivo de mejorar la eficiencia y la efectividad de la actividad administrativa.
Inteligencia artificial, datos y capacitación digital
El anteproyecto vincula la nueva regulación con la transformación tecnológica de la Administración autonómica. Entre las cuestiones que pretende abordar figuran la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y la utilización de la inteligencia artificial en el sector público.
La intención es proporcionar un marco jurídico para estas materias dentro de la organización administrativa. La información difundida sobre el acuerdo no concreta todavía las herramientas tecnológicas que se implantarían ni sus condiciones de uso.
Una actualización de un marco normativo que se remonta a 1990
El Gobierno considera necesario superar un régimen cuyo origen está en la Ley 14/1990. Según expone el Ejecutivo, su articulado ha quedado ampliamente afectado por las sucesivas reformas y por la aprobación de nuevas normas reguladoras de los municipios y cabildos canarios.
La propuesta también tiene en cuenta la evolución de la legislación estatal básica desde 2015 y las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.
Con la tramitación urgente, el Ejecutivo busca avanzar hacia una regulación actualizada y coherente con esos cambios. El acuerdo comunicado no fija una fecha concreta para la remisión del texto al Parlamento.
