Canarias reclama al Estado eliminar las deducciones en las ayudas por dependencia
- Candelaria Delgado pide al ministro Pablo Bustinduy modificar la Ley de Dependencia para evitar que otras prestaciones públicas reduzcan las ayudas reconocidas a las personas vulnerables
- El Gobierno canario reclama extender la compatibilidad a los grados I y II y exige financiación estatal suficiente para que el aumento de derechos no recaiga únicamente en las comunidades autónomas
El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que elimine las deducciones automáticas que se aplican actualmente sobre determinadas prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cuando sus beneficiarios reciben otras ayudas públicas de naturaleza similar.
La petición ha sido trasladada por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, mediante una carta dirigida al ministro Pablo Bustinduy, en la que reclama modificar la Ley de Dependencia para evitar que el reconocimiento de una nueva prestación termine reduciendo otros apoyos económicos que ya perciben las personas afectadas.
Canarias cuestiona que una nueva ayuda pueda reducir otros apoyos
El Ejecutivo autonómico centra su reclamación en el artículo 31 de la Ley de Dependencia, que establece la deducción de determinadas prestaciones públicas de naturaleza análoga cuando se calcula la cuantía económica correspondiente dentro del sistema de dependencia.
Este mecanismo afecta, entre otros casos, a complementos vinculados a la gran incapacidad, a la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, al complemento por necesidad de tercera persona de las pensiones no contributivas y al subsidio de ayuda a tercera persona.
Canarias sostiene que esta fórmula puede provocar que el reconocimiento de un nuevo derecho en materia de dependencia no implique necesariamente un aumento equivalente de los recursos económicos disponibles para la persona beneficiaria.
Delgado advierte en su escrito de que, cuando una prestación reconocida por el sistema se reduce debido a la existencia previa de alguna de estas ayudas, el nuevo derecho «no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo».
El Gobierno canario alerta del impacto sobre las familias
La Consejería de Bienestar Social considera que estas deducciones afectan especialmente a hogares en los que coinciden situaciones de discapacidad y dependencia y donde los gastos asociados a los cuidados superan habitualmente la cobertura ofrecida por una única prestación.
La consejera recuerda que las personas dependientes pueden necesitar atención personal, supervisión permanente, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptaciones en el domicilio, acompañamiento o recursos para garantizar su movilidad y autonomía.
«Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación», señala Delgado, quien sostiene que estos recursos resultan necesarios para atender gastos directamente relacionados con la autonomía y la calidad de vida de los beneficiarios.
El Gobierno autonómico considera, por tanto, que mantener las deducciones puede limitar el efecto real de los derechos reconocidos y perpetuar situaciones de insuficiencia económica en determinados hogares.
Canarias pide ampliar la medida a los grados I y II
La reclamación se produce mientras se encuentra en tramitación parlamentaria una modificación normativa relacionada con esta materia. Según expone el Ejecutivo canario, el texto actualmente planteado contempla eliminar las deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema correspondientes al nuevo Grado III+.
Canarias valora esta posibilidad, pero considera insuficiente que la compatibilidad quede limitada únicamente a ese nivel de dependencia. Por ello, reclama que el cambio alcance también a las personas reconocidas en los grados I y II, al entender que también soportan gastos relevantes relacionados con los cuidados y la atención diaria.
La propuesta de la comunidad autónoma pasa así por establecer una compatibilidad más amplia entre prestaciones y evitar que la percepción de determinados apoyos públicos reduzca automáticamente la cantidad reconocida a través del sistema de dependencia.
La ampliación de derechos debe ir acompañada de financiación estatal
El Gobierno de Canarias incorpora además una segunda exigencia a su propuesta: que cualquier ampliación de derechos venga acompañada de una financiación estatal suficiente.
La Consejería advierte de que modificar el sistema sin establecer previamente los recursos económicos necesarios podría trasladar el coste adicional exclusivamente a las comunidades autónomas.
«Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación», recoge la carta remitida al Ministerio.
El objetivo, según el Ejecutivo autonómico, es que los cambios puedan aplicarse de manera efectiva sin comprometer la capacidad financiera de las administraciones responsables de gestionar las prestaciones y servicios de dependencia.
Canarias modifica también su Ley de Servicios Sociales
La reclamación al Gobierno de España coincide con otra modificación impulsada en el ámbito autonómico. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este viernes el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales para adaptar su regulación al nuevo modelo previsto para el funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios destinados a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
La reforma permitirá avanzar en la simplificación de determinados procedimientos administrativos y facilitar la puesta en marcha de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable.
Con estos cambios, el Gobierno de Canarias pretende reforzar la capacidad del sistema para disponer de recursos suficientes cuando existan déficits de plazas o servicios, retrasos en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial o desequilibrios territoriales.
La comunidad autónoma vincula ambas actuaciones a un modelo de atención orientado a reforzar los derechos de las personas dependientes, simplificar la gestión y garantizar que las prestaciones económicas puedan responder de manera efectiva a las necesidades de cuidados de los beneficiarios y sus familias.
