Santa Lucía no puede quedar atrapada en una guerra de siglas
Un informe no vinculante no puede sustituir el debate democrático
Santa Lucía de Tirajana atraviesa una nueva tensión política a raíz del informe del Ministerio de Política Territorial sobre la situación de varios concejales de NC-FAC. El documento existe, debe leerse con seriedad y tiene valor jurídico como criterio interpretativo, pero no es una sentencia, no es una orden ejecutiva y tampoco tiene carácter preceptivo ni vinculante. Esa precisión no es secundaria. Es la clave para entender por qué este asunto no puede presentarse como una decisión automática que altere por sí sola la composición política del Ayuntamiento.
El debate nace de una discrepancia interna en una coalición electoral. Según la documentación conocida, la consulta al Ministerio fue promovida por Ramón Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, tres concejales que siguen vinculados a NC-FAC. La expulsión comunicada al Ayuntamiento no parte del alcalde, sino de Román Rodríguez, como presidente de la coalición electoral, y afecta a Francisco García y a otros cinco ediles. A partir de ahí se abre una discusión jurídica y política sobre si esos concejales deben pasar o no a la condición de no adscritos.
Ese punto es importante porque el relato público puede simplificar demasiado una situación que no lo es. Francisco García no defiende simplemente que un informe no le gusta. Su posición se apoya en una idea concreta. Él sostiene que se presentó dentro de una coalición electoral, que se dio de baja de Nueva Canarias, pero que mantiene afiliación en otro partido integrado en ese mismo espacio. En otras palabras, intenta marcar una diferencia entre abandonar una organización política concreta y romper con la coalición por la que concurrió a las elecciones.
Ahí está el verdadero fondo del asunto. La pregunta no es solo administrativa. También es democrática. Una cosa es combatir el transfuguismo cuando se produce una alteración real de la voluntad expresada en las urnas y otra distinta es utilizar una disputa orgánica para abrir una crisis institucional que termine afectando al gobierno municipal. La ley debe aplicarse con rigor, pero también con prudencia cuando lo que está en juego no es una simple etiqueta interna, sino la estabilidad de una institución elegida por los vecinos.
El propio alcalde ha situado su respuesta en ese terreno. Francisco García afirma que está centrado en la representación del Ayuntamiento, en la gestión diaria y en atender las demandas de la ciudadanía. Su mensaje político es evidente. Santa Lucía no puede quedar absorbida por maniobras internas, informes cruzados y estrategias de partido mientras los problemas reales del municipio siguen esperando respuestas.
No se trata de restar importancia al informe del Ministerio. Sería absurdo hacerlo. Pero tampoco se puede convertir un informe no vinculante en una especie de resolución definitiva que sustituya al Pleno, al debate público o al juicio de los vecinos. El documento puede orientar, puede advertir y puede alimentar una interpretación jurídica. Lo que no puede hacer por sí solo es resolver políticamente una crisis que nace dentro de una coalición y que algunos pretenden trasladar al conjunto de la institución.
La ciudadanía votó una composición municipal, un liderazgo y una responsabilidad de gobierno. Si alguien quiere discutir el papel de Francisco García, debe hacerlo con claridad política, con argumentos públicos y, llegado el momento, ante las urnas. Lo que no parece razonable es convertir una discrepancia interna en una batalla permanente que desgaste al Ayuntamiento y aleje la política de aquello que más importa a la gente.
Santa Lucía necesita gestión, estabilidad y soluciones. Necesita menos ruido de despacho y más atención a los barrios. Menos pelea por las siglas y más responsabilidad institucional. Porque un informe puede abrir un debate, pero no debería convertirse en el instrumento para bloquear un municipio ni para sustituir la voluntad democrática de sus vecinos.
