Ciuca y NC acusan al alcalde de Mogán de conceder dos licencias a su primo
Ciuca y Nueva Canarias (NC) aseguran en una nota de prensa haber tenido acceso al acta de la Junta de Gobierno Local del 26 de diciembre de 2013, en la que en los asuntos relativos a Urbanismo, aparece como solicitante de dos licencias de obra mayor Eduardo Gabriel Marrero González, “una en representación de quien parece ser su hermano, y otra en nombre de la entidad mercantil Hermangon S.L”.
Ambas formaciones políticas afirman que la junta de gobierno local estaba presidida por el alcalde de Mogán, Francisco González, que es primo hermano del interesado en la obtención de ambas licencias, por lo que suponen que el primer edil “ha incumplido su deber de abstención en un asunto en el que un familiar directo tiene un claro e inequívoco interés”.
Los portavoces de Ciuca y de Nueva Canarias, Mencey Navarro, e Isabel Santiago, respectivamente, ven en este comportamiento del mandatario municipal la constatación de que “nunca ha tenido la intención de abstenerse en todo aquello que beneficie a su primo hermano”.
Ambas formaciones recuerdan que convocaron en el mes de octubre del año pasado un pleno extraordinario para tratar la recusación del primer edil moganero, pues entendían que el alcalde no podía participar en el Plan de Modernización de Playa de Mogán porque su primo hermano tenía claros intereses en el documento.
Para Ciuca y NC “este modo de actuar supone la confirmación a todo cuanto expresaron en el pleno del pasado 30 de octubre de 2013, y que dicho expediente fue “diseñado” para salvar al alcalde de una recusación segura y proteger los intereses privados de su familiar”. Añaden que el informe, elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal, se decía abiertamente que el alcalde reconocía que Eduardo Gabriel Marrero González, representante de la entidad mercantil Hermagón S.L, era su primo hermano.
Navarro y Santiago destacan la gravedad de esta situación, donde el alcalde “no es ni neutral ni objetivo en la defensa de los intereses generales, demostrando que está al servicio de intereses privados”. Concluyen exigiendo a González que cumpla con la legalidad vigente “pues con su injusto modo de proceder, crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
