NC denuncia que la alcaldesa nombra interventor a un funcionario simpatizante de Ciuca
Nueva Canarias (NC) ha denunciado que la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno ha nombrado como interventor accidental del Ayuntamiento a Salvador Álvarez, funcionario municipal que actualmente desarrolla las tareas de coordinador de distintas áreas de gobierno. Para la formación nacionalista, “este nombramiento es muy preocupante por la objetividad que se requiere a los funcionarios que ostenten este puesto, dado el historial empresarial del funcionario local”.
En este sentido la portavoz de NC Isabel Santiago recordó que los datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ponen de manifiesto que el funcionario designado como interventor por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirman la actividad de Álvarez como administrador solidario, apoderado y administrador único, en las empresas Formosa dos S.L, Transportes Tafira Baja S.L, Carpinteria Barranco Seco S.L, Inmobiliaria Torrencial S.L, Islas Caanrias salud S.L y Sergio Álvarez S.L.
Santiago añade que también fue expedientado por el anterior alcalde en el momento en el que se supo que una de sus empresas Formosa dos S.L, construyese el actual centro de estancias diurnas de Arguineguín, mientras mantenía su puesto como funcionario público, algo que es incompatible a efectos legales.
Para NC, la designación de este funcionario como interventor municipal, “supone el desprecio de la alcaldesa a los más elementales principios de la objetividad y la imparcialidad que se esperan de cualquier servidor público. Y es que, Salvador Álvarez, apoyó abiertamente a Onalia Bueno, en las pasadas elecciones locales, cuestión que reconoció la alcaldesa al referirse a este en un pleno como simpatizante de Ciuca”.
La formación nacionalista informa que puso en conocimiento de la alcaldesa las actividades privadas que desarrollaba el funcionario, y que este nombramiento “es un salto al vacío de Ciuca-Psoe, pues a pesar de haber incumplido con el artículo 20 de la Ley 53/1984, al eludir su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios, no sólo le aprobaron en pleno una subida salarial de unos 27.000 euros anuales sino que ahora lo nombran interventor municipal”.
Las funciones de control y fiscalización que debe desarrollar cualquier interventor, son de las más importantes en cualquier administración, pues su trabajo garantiza que los impuestos municipales se destinen a solucionar los problemas de los ciudadanos. “El nombramiento de Onalia Bueno, genera una clara inseguridad jurídica en todas las actuaciones en las que participe el funcionario, y dada su simpatía política con el partido de la alcaldesa, la objetividad queda en entre dicho”, expresó la portavoz de NC.
Según Santiago, el criterio de la alcaldesa Bueno para elegir a los funcionarios de confianza “es incompatible con los de mérito y capacidad” y produce los resultados que todos los vecinos perciben. Por todo esto, la concejala nacionalista cree que lo que procede ahora es dar marcha atrás, y designar a otro funcionario, “que vele por la objetividad en la gestión de los fondos públicos, para el cargo de interventor”.
