El Cabildo analiza su posición estratégica en el sistema público de cultura en el marco de la nueva ley canaria que regula el sector
- Los técnicos y responsables de la Consejería insular de Cultura que dirige Guacimara Medina participan en un encuentro-taller para analizar el papel de los cabildos en el marco que plantea la normativa que entró en vigor el pasado mes de marzo
- La Ley 1/2023 de 1 marzo del Sistema Público de Cultura de Canarias tiene como objetivo regular y mejorar el sistema público cultural del archipiélago
La redacción de la primera Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias (LSPCC), que entró en vigor el pasado mes de marzo, se ha transformado en uno de las principales ventanas de oportunidad para promover la transformación integral y coordinada de la política estructural de la cultura en el archipiélago canario. La participación transversal de todos los agentes políticos y sociales es una de sus premisas y los cabildos son un eje fundamental para la nueva normativa. Para avanzar en la puesta en práctica de las innovadoras reformas que recoge la normativa para lograr la universalización del acceso a los equipamientos, servicios y bienes culturales, el equipo técnico y directivo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, área que dirige Guacimara Medina, participó este jueves, 14 de septiembre, en un encuentro-taller en la Sala Josefina de la Torre, del teatro Cuyás.
La sesión, que estuvo a cargo de Tony Ramos Murphy, coordinador del equipo de expertos responsable de la elaboración de la Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, se dirigió a dar a conocer en profundidad el objetivo, estructura y despliegue temporal de la nueva normativa para, a continuación, abrir un debate sobre el papel de los cabildos en el nuevo sistema público de cultura creado y regulado por la propia LSPCC.
El camino hacia un nuevo modelo cultural
En este sentido, Murphy, quiso dejar claro que “el principal reto que tienen que plantearse los distintos promotores y agentes responsables del despliegue de la Ley pasa por generar las condiciones orgánicas para la elaboración y aprobación del marco de acción estratégica de la cultura”. Se trata, en este caso, de una herramienta de planificación a tres años vista y que, en opinión del experto, “va a permitir visibilizar si se puede dar un salto en la racionalización, adecuación y modernización de las políticas culturales en los distintos escalones de las administraciones públicas en el archipiélago”.
La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, que participó activamente en el proceso de redacción y aprobación del nuevo marco normativo cultural, quiso enfatizar el hecho de que el proceso se basó en “una estrategia común, en la que se incorporaron todos los agentes que quisieron participar en la elaboración del texto”. La responsable insular destacó “la oportunidad ideológica que nos ha permitido esta Ley y que incide en la necesidad de que las políticas culturales sean de verdad relevantes en la vida de las personas”.
“La aplicación de la Ley depende, no solo de las instituciones y del Parlamento, sino de todos los que trabajamos cada día en el fomento de la cultura”, advirtió también la consejera insular, quien destacó el hecho de que “no es una ley dirigida al sector cultural, sino hacia el fomento de los derechos universales de la cultura y su democratización en un territorio muy fragmentado, lo que siempre dificulta el modelo cultural que queramos desarrollar”, resaltó Guacimara Medina en su intervención.
“El propósito de la Ley tiene que ver, sobre todo, con esa coordinación interadministrativa necesaria para aplicar el derecho cultural, dijo también la responsable insular de Cultura. “Además, la Ley simplifica la composición administrativa para poder desarrollarla con los órganos justamente necesarios en los que podamos hacer descansar la voluntad de los diferentes cabildos y del municipalismo presente en ese modelo de gestión cultural que queremos desarrollar para Canarias”, afirmó Medina.
“Hay distintos estudios que indican que más del 70% de la población rara vez hace uso de los equipamientos, servicios y bienes culturales”, dijo ayer Tony R. Murphy. “Esto significa que sólo un grupo reducido de población se beneficia de la cultura, lo que supone que el actual modelo no daba más de sí por ineficaz, ineficiente e injusto”, aseguró. En este sentido, el reto que pretende regular la nueva ley se dirige también a “afrontar la reforma de los cuerpos y escalas especializadas en la cultura, lo que incluye la aparición de nuevos perfiles profesionales y nuevas capacidades”.
Por último, la modificación y refuerzo del Consejo Canario de Cultura que, en el nuevo marco normativo se convierte en un órgano colegiado que ve incrementada su independencia de la aritmética parlamentaria de los partidos políticos y que da cabida a la sociedad civil organizada, deja de ser, como destacó Murphy, “un órgano ornamental para pasar a tener una función decisiva en las nuevas políticas culturales”, afirmó.
