Canarias dedicará 8 millones a desarrollar sistemas alternativos de protección dirigidos a menores en riesgo

• La consejera Candelaria Delgado apela a la unidad de todas las administraciones y a la adopción de medidas transversales para acabar con la pobreza estructural de las islas

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, informó hoy en el Parlamento de Canarias que el Gobierno destinará 8 millones de euros a un programa específico para luchar contra la pobreza en la infancia y la adolescencia, impulsado por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y que irá destinado al desarrollo de sistemas alternativos de protección y cuidado infantil.

Según detalló Delgado, “el objetivo es crear un marco de actuación integrado y facilitador para abordar la exclusión social de los niños, las niñas y adolescentes, que esté centrado en romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y garantizar una protección social para apoyar a la infancia y la adolescencia de manera integrada”. Al mismo tiempo, el objetivo es que “elimine las barreras que impidan acceder a servicios de calidad e incorpore medidas para promover la inclusión y evitar y combatir la discriminación y la estigmatización”.

Las acciones irán dirigidas a menores en acogimiento residencial o con riesgo de aplicación de una medida de amparo por circunstancias familiares. Las acciones previstas contemplan, entre otras, la creación de programas de preservación familiar, de promoción de la parentalidad positiva, de acompañamiento a las familias, de promoción de alternativas al acogimiento residencial o de captación y formación de personas y familias con inquietudes en procesos de acogida y mentoría. Asimismo, se prevé la creación de un canal de comunicación y participación para que menores y adolescentes puedan hacer oír su voz en todo el proceso de acogida.

Para el desarrollo de este programa se crearán 18 equipos multidisciplinares de profesionales de los que 5 estarán en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 2 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, 2 en La Palma, 1 en la Gomera y 1 en El Hierro.

La consejera reiteró en el Parlamento que, a pesar de “las medidas de gran calado que pretenden garantizar cuestiones básicas y que palían los niveles de pobreza que afectan a la infancia y la adolescencia de las Islas -como  aumentar las cuantías destinadas a las ayudas básicas, multiplicar  por dos la financiación a los bancos de alimentos para atender a la población más vulnerable -, Canarias necesita que el Gobierno central aumente las partidas del plan de pobreza”.

Candelaria Delgado inició su intervención asegurando que “la situación social de Canarias es dura” y reconoció que “los escudos sociales” dispuestos por la Administración “no han sido suficientes”.

Para revertir esta situación, la consejera apeló a la unidad de todas las administraciones y también a la transversalidad de medidas para intervenir desde todas las áreas de Gobierno. “Podremos sacar a muchas personas de la espiral de pobreza que existe hoy en Canarias si respaldamos a las y los trabajadores sociales y al personal técnico de empleo, que pueden facilitar la inclusión laboral”.

Recordó que, según el último informe anual sobre el estado de la pobreza, durante el año 2022 se incrementó la pobreza entre las personas en hogares con menores en siete puntos y medio, mientras que entre el resto se redujo en más de cinco puntos.

Así, explicó que “esta situación supuso que el programa de asistencia material europeo se acotara al perfil de familias con menores, en concreto 19.393 familias con menores en situación de pobreza severa que serían destinatarias directas de una tarjeta del programa básico”.

“La asignación económica para la ayuda complementaria que aporta el programa básico para el año 2024 asciende a 4.900.383€ (tarjetas más acompañamiento), lo que permitirá atender a entre 3.469 familiares de 5 o más miembros y 5.871 familias de 2 miembros. Para cubrir la totalidad de los hogares con menores a cargo, el presupuesto oscilaría entre 30 y 51 millones de euros anuales”.