Canarias prevé 970 millones más para políticas sociales y refuerza vivienda en los presupuestos de 2027
- El Gobierno aprueba un proyecto de cuentas de 13.209 millones de euros, un 5,7 % más, con incrementos de 429,8 millones en Sanidad, 260 millones en Educación y 201,5 millones en Acción Social.
- Vivienda aumenta su dotación un 22,8 % y las medidas fiscales incluyen adaptar la tarifa autonómica del IRPF a la inflación y ampliar el IGIC cero al alojamiento y la alimentación en residencias de estudiantes.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, 26 de octubre, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que asciende a 13.209 millones de euros, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián. Las cuentas crecen en 717,6 millones respecto al ejercicio vigente, un 5,7 %, y contemplan un refuerzo inicial de aproximadamente 970 millones para las políticas de carácter social.
El Ejecutivo plantea estas cuentas con el objetivo de garantizar los servicios públicos y la sostenibilidad financiera en un contexto marcado por la reducción de los fondos europeos y la incertidumbre económica y estatal. El proyecto se entregará al Parlamento de Canarias el próximo 30 de octubre, donde comenzará su tramitación para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
Sanidad, Educación y Acción Social concentran los mayores aumentos
Según el Gobierno autonómico, las áreas de Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la vivienda concentran casi el 83,3 % del presupuesto una vez descontado el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Sanidad registra el mayor incremento en términos absolutos, con 429,8 millones de euros adicionales, un 9,1 % más. Educación incorpora 260 millones, lo que representa una subida del 10,2 %, mientras que Acción Social aumenta su dotación en 201,5 millones, un 24,4 %.
Justicia y Seguridad cuentan con 41,9 millones más, un incremento del 15,2 %. Estas cantidades, junto con el refuerzo de vivienda, conforman el aumento de aproximadamente 970 millones anunciado para las áreas prioritarias de carácter social.
En el reparto del crecimiento presupuestario, el Ejecutivo señala que los intereses de la deuda y la actualización de las competencias transferidas a cabildos y ayuntamientos, incluido el Fondo Canario de Financiación Municipal, representan un 10 %. Sitúa en el 6,7 % la parte del crecimiento no asociada a la prestación de servicios públicos.
Vivienda recibe 37,1 millones adicionales
Las políticas de acceso a la vivienda dispondrán de 37,1 millones de euros más, un aumento del 22,8 % respecto al ejercicio anterior. Se trata de un incremento de la dotación, no del presupuesto total de esta área.
Vivienda y Servicios Sociales son, además, los únicos ámbitos en los que se mantienen fondos del MRR en las cuentas iniciales de 2027, por un importe conjunto de 49,5 millones de euros. La reducción de esta financiación europea condiciona la comparación entre ambos ejercicios.
La retirada de fondos europeos modifica la comparación con 2026
El Gobierno explica que en el presupuesto inicial de 2027 desaparecen casi 500 millones de euros de créditos vinculados al MRR respecto al presupuesto inicial de 2026. Por este motivo, el crecimiento global se sitúa en el 5,7 %, mientras que, sin considerar esta financiación, alcanzaría el 9,7 %.
Por finalidades del gasto, las cuentas recogen aumentos del 12,4 % en Servicios Públicos Básicos, del 10,2 % en Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales y del 6,4 % en Otras Políticas. En este último apartado, el Ejecutivo señala el efecto de los órganos legislativos y de las aportaciones a las corporaciones locales, que aumentan un 6,2 %.
En cambio, Desarrollo de los Sectores Productivos desciende un 42,6 % y Actuaciones sobre el Territorio baja un 9 %. El Gobierno atribuye íntegramente ambas caídas al efecto del MRR y sostiene que, al excluirlo, todas las políticas crecen. En esa comparación destacan Servicios Públicos Básicos, con un 15,2 %; Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales, con un 10,8 %; y Actuaciones sobre el Territorio, con un 7,7 %.
El Ejecutivo también advierte de que el Estado no ha trasladado un criterio claro sobre el reintegro de recursos europeos no utilizados cuando se han cumplido los hitos y objetivos, una cuestión que considera relevante para el cumplimiento de las reglas fiscales.
El gasto de personal representa el 42 % del presupuesto
La elaboración de las cuentas está condicionada por el incremento retributivo acordado a nivel estatal, que el Gobierno cifra en un 4,5 %, con una variable adicional del 0,5 % según la evolución del IPC. El gasto de personal representa el 42 % del presupuesto total.
En cuanto a los ingresos, el crecimiento se apoya principalmente en los recursos del Sistema de Financiación Autonómica y, en menor medida, en los tributos propios y el bloque del Régimen Económico y Fiscal (REF).
También aumentan las transferencias corrientes al incorporarse desde la previsión inicial los fondos estatales derivados de la Ley de Dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.
Qué cambios fiscales contempla el proyecto
Entre las medidas tributarias figura la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general, para adaptarla a la evolución del IPC. El objetivo declarado es evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación se traduzcan en una mayor presión fiscal para las familias.
En el IGIC, el proyecto amplía el tipo cero a los servicios de alojamiento y alimentación prestados por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes. También prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera.
Las cuentas mantienen durante enero de 2027 la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo.
En relación con el impuesto sobre las labores del tabaco, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos para avanzar en su convergencia con los de la Península, Baleares y la Unión Europea. Asimismo, se fijan precios de referencia para aplicar tipos incrementados a las nuevas modalidades y se incorporan ajustes técnicos en otros tributos para reforzar la seguridad jurídica.
Un presupuesto condicionado por la financiación estatal
El Gobierno señala que la falta de aprobación de los objetivos de estabilidad por el Congreso ha llevado a elaborar las cuentas tomando como referencia el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo de España 2025-2028. El proyecto contempla un déficit del 0,1 % del PIB y una tasa de referencia del 4 % para el crecimiento del gasto computable en 2027.
Según la explicación del Ejecutivo, la convocatoria electoral de noviembre y la prórroga de los presupuestos estatales generan incertidumbre sobre las partidas destinadas a Canarias. Por ello, las cuentas autonómicas solo incorporan las cantidades recurrentes o previamente acordadas con Madrid.
El Gobierno advierte, además, de que un retraso en la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica supondría dejar de percibir 170 millones de euros mensuales, aunque precisa que esta circunstancia no afecta a la elaboración del presupuesto inicial. El futuro modelo de financiación, unos nuevos presupuestos estatales y la condonación de deuda autonómica figuran entre las cuestiones pendientes.
Crecimiento económico del 1,1 % y tramitación parlamentaria desde el 30 de octubre
Las previsiones que acompañan al proyecto sitúan el crecimiento del PIB canario en el 1,1 % y la tasa de paro en el 12,4 %. El Ejecutivo prevé una pérdida de impulso económico en un contexto de inestabilidad internacional y crisis de los combustibles.
La deuda de la comunidad autónoma se estima en 6.727 millones de euros para 2027, equivalente al 9,73 % del PIB y, según el Gobierno, por debajo de los límites máximos permitidos.
Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el proyecto llegará al Parlamento de Canarias el 30 de octubre. La entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027 queda pendiente de completar la tramitación y obtener la aprobación parlamentaria.
