La entrada de Marruecos en Boluda abre una alerta sobre la soberanía económica de Canarias

El acuerdo de 80 millones para adquirir el 45% de Boluda Maritime Terminals afecta a una empresa con presencia en cinco puertos canarios. Las instituciones insulares reclaman garantías para el abastecimiento, el empleo y la competitividad ante la incorporación de un operador vinculado al Estado marroquí.
La posible entrada de Marsa Maroc en Boluda Maritime Terminals (BMT) ha abierto un debate sobre la capacidad de Canarias para proteger sus intereses económicos en infraestructuras esenciales. La operación, anunciada en diciembre de 2025, contempla la adquisición del 45% del capital y de los derechos de voto por 80 millones de euros, a través de Marsa Maroc International Logistics. El acuerdo quedó sujeto a las autorizaciones correspondientes.
La última información contrastada sobre el procedimiento, publicada el 23 de octubre, situaba la operación pendiente de autorización del Gobierno de España y sometida al control de inversiones extranjeras. Por tanto, no debe presentarse como una compra definitivamente ejecutada ni como un veto firme del Ejecutivo.
La dimensión canaria del acuerdo es relevante: BMT cuenta con terminales en Las Palmas, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además de otras cuatro instalaciones peninsulares. La entrada del socio marroquí se produciría en una empresa que interviene en las conexiones comerciales y logísticas del archipiélago.
Aunque Boluda conservaría el 55% del capital y asegura que seguirá liderando la gestión, las advertencias institucionales se centran en las consecuencias de incorporar a un operador vinculado a otro Estado en un negocio estratégico para las islas. La controversia afecta a la influencia económica sobre la actividad portuaria, sin que la operación suponga transferir a Marruecos la titularidad pública de los puertos.
Abastecimiento y competencia: el riesgo de perder capacidad de decisión
El Cabildo de Tenerife aprobó el 2 de octubre una moción que reclama al Estado no autorizar la operación mientras no exista una evaluación exhaustiva de sus consecuencias estratégicas, económicas, laborales y logísticas. La institución advierte del riesgo de desviar tráficos e inversiones hacia puertos marroquíes competidores, con posibles efectos sobre la actividad y el empleo en Canarias.
La preocupación tiene una dimensión cotidiana. Las terminales forman parte de la infraestructura que permite abastecer a las islas, conectar a sus empresas con otros mercados y mantener servicios logísticos. Por ello, el Cabildo tinerfeño reclama un informe de la Autoridad Portuaria sobre el impacto de la transacción y exige participación de las instituciones canarias, los agentes económicos y la representación sindical en su evaluación.
En Gran Canaria, Antonio Morales también pidió al Gobierno de España que examinara la operación y, si resultaba necesario, la condicionara o desautorizara. El presidente insular señaló sus posibles repercusiones sobre el funcionamiento y el desarrollo del Puerto de La Luz y de Las Palmas, y destacó la vinculación de Marsa Maroc con el Estado marroquí.
Mantener la mayoría accionarial no elimina por sí solo todas las preguntas sobre la influencia del nuevo socio. El comunicado oficial de Marsa Maroc especifica que el acuerdo comprende el 45% de los derechos de voto. Ese dato obliga a distinguir entre conservar el mando mayoritario y afirmar que el comprador carecería de cualquier participación en las decisiones societarias.
El alcance concreto de esa influencia dependerá de los acuerdos de gobierno corporativo, los derechos asociados a la participación y las condiciones que establezca la autorización. La documentación consultada no permite atribuir a Marsa Maroc un derecho de veto específico ni concluir que podría modificar unilateralmente las rutas o la gestión de las terminales.
Boluda defiende la alianza mientras el Estado examina la operación
Boluda presenta el acuerdo como una oportunidad de crecimiento y expansión internacional. En su comunicación corporativa asegura que mantendrá el liderazgo de la gestión y la toma de decisiones, mientras Marsa Maroc aportará experiencia y oportunidades comerciales. Ambas compañías sitúan entre sus objetivos reforzar su posición en el corredor entre España y Marruecos y ampliar su presencia internacional.
El director general de Boluda Shipping, Javier Climent Melián, rechazó en declaraciones a El Espejo Canario que la operación represente una amenaza para los puertos insulares. Defendió el carácter minoritario de la participación, sostuvo que el nuevo socio no asumiría la gestión estratégica y calificó las advertencias de «alarmismo peligroso y sin sentido». También reivindicó las inversiones y la trayectoria de la compañía en Canarias.
Frente a esa defensa empresarial, el examen estatal debe determinar si la inversión puede realizarse y bajo qué condiciones. Según la información publicada por Atlántico Hoy, el expediente continúa bajo evaluación de la Junta de Inversiones Exteriores, con participación de organismos relacionados con la seguridad nacional. La existencia de ese análisis no acredita, por sí misma, una amenaza ni un bloqueo decidido por el CNI.
Tampoco la documentación pública consultada permite afirmar que el acuerdo otorgaría acceso automático a movimientos militares, información de la OTAN o reservas estratégicas. Esas afirmaciones requieren pruebas específicas y no pueden deducirse únicamente de la adquisición de una participación en una empresa de terminales.
El debate sobre la soberanía económica se concentra, por tanto, en una cuestión verificable: qué garantías protegerán la conectividad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad de Canarias si se autoriza la operación. Las instituciones insulares reclaman que esos intereses sean evaluados antes de permitir la entrada del nuevo accionista y que Canarias participe en una decisión con consecuencias directas para su economía.


