San Bartolomé de Tirajana aprueba por unanimidad la ordenanza sobre viviendas en zonas turísticas con el respaldo de la PALT a Marichal
- La plataforma acompañó al primer teniente de alcalde durante el pleno que aprobó la regulación para identificar la situación jurídica de los usos residenciales en apartamentos y bungalós.
- El PSOE de Conchi Narváez respaldó la ordenanza, cuatro años después de votar contra una moción de apoyo a la iniciativa legislativa popular de la PALT, cuando los socialistas encabezaban el gobierno municipal.
El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó por unanimidad este jueves, 29 de octubre, la ordenanza municipal destinada a clarificar la situación jurídica de los usos residenciales en apartamentos y bungalós de la zona turística litoral. La propuesta de Urbanismo salió adelante con el acompañamiento de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) a Alejandro Marichal, en una sesión que reunió el respaldo de todos los grupos municipales a una iniciativa vinculada a una reivindicación histórica de los propietarios.
La regulación contempla la identificación de las distintas situaciones legales de los inmuebles y la posibilidad de solicitar certificados municipales para acreditarlas. Su aprobación supone un avance en la tramitación, aunque la entrada en vigor requiere completar el procedimiento correspondiente, incluida la publicación oficial.
La PALT acompañó a Marichal durante la aprobación
La presencia de la plataforma en el pleno acompañó el respaldo a la ordenanza impulsada desde Urbanismo. Durante la sesión, Marichal destacó la relación mantenida con los afectados durante más de ocho años y el trabajo desarrollado para buscar una respuesta municipal a la convivencia entre usos residenciales y turísticos.
Antes de la votación, la presidenta de la PALT, Maribe Doreste, había hecho un llamamiento a los propietarios para acudir al pleno de Tunte. La plataforma defendía la importancia de la ordenanza para aclarar los usos amparados por el planeamiento y acreditar la situación de los inmuebles.
El acompañamiento de los afectados se produjo después de las críticas de Gustavo Santana al compromiso de Marichal con la plataforma. Frente a esos cuestionamientos, el primer teniente de alcalde ha defendido la continuidad de su trabajo con la PALT tanto desde la oposición como desde el gobierno municipal.
“Damos un paso decisivo para que nuestros vecinos puedan dejar atrás años de incertidumbre y mirar al futuro con mayor tranquilidad. Porque defender sus derechos no es solo una promesa, es un compromiso que se demuestra con hechos”, sostiene Marichal.
Del rechazo socialista a la moción de 2022 al apoyo a la ordenanza
La unanimidad alcanzada este jueves incorpora el voto favorable del PSOE, encabezado por Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana entre 2019 y 2023. Este respaldo tiene como antecedente una votación distinta celebrada durante su mandato y relacionada también con las demandas de la PALT.
El 28 de octubre de 2022, Marichal presentó desde la oposición una moción de apoyo a la iniciativa legislativa popular de la plataforma, que solicitaba su tramitación y aprobación en el Parlamento de Canarias. Según recordó Coalición Canaria en su reciente comunicado, los siete concejales socialistas votaron en contra. La formación señaló que el entonces portavoz del PSOE, Antonio Felipe Pérez Socorro, argumentó que la propuesta favorecía a una parte de la población frente a otros intereses y reclamó estudio, diálogo y consenso.
Cuatro años después, el grupo socialista ha respaldado la ordenanza municipal presentada por Urbanismo. Se trata de instrumentos diferentes: en 2022 se debatió el apoyo a una iniciativa legislativa popular autonómica; este jueves se votó una regulación municipal para clarificar situaciones jurídicas y establecer un procedimiento de certificación. Ambas iniciativas, sin embargo, forman parte del recorrido político de las reclamaciones de los residentes en zonas turísticas.
El resultado del pleno suma así al PSOE a la aprobación de la propuesta municipal, después del rechazo que expresó durante la etapa de gobierno de Narváez a aquella moción promovida por Marichal.
Las acusaciones de Gustavo Santana y la respuesta de Marichal
La aprobación llega precedida de una controversia política sobre los compromisos adquiridos con los afectados. Gustavo Santana acusó a Marichal y a Coalición Canaria de haber traicionado la confianza de los residentes y de haber firmado un acuerdo con la PALT antes de las elecciones con una finalidad electoral.
En sus declaraciones, el dirigente socialista también cuestionó un decreto ley que, según su valoración, favorecería a los explotadores turísticos, y reclamó a Marichal que cumpliera su palabra con los propietarios.
Marichal rechazó esas acusaciones y defendió que su compromiso se había traducido en actuaciones anteriores y posteriores a las elecciones municipales. En su respuesta recordó la moción de 2022 y pidió a Santana y al resto de partidos colaboración para sacar adelante la ordenanza y abordar las objeciones formuladas desde el Cabildo de Gran Canaria.
El responsable municipal también distinguió su gestión de las votaciones celebradas en el Parlamento autonómico, al señalar que no es diputado ni participó en la votación cuestionada por Santana. Su respuesta se centró en reivindicar el trabajo municipal y reclamar cooperación entre administraciones.
De las reuniones con los afectados a la aprobación municipal
En el repaso de las actuaciones desarrolladas, Marichal sitúa en febrero de 2024 el traslado a Vidina Espino de la necesidad de modificar la normativa turística y abordar las sanciones a residentes. En junio de ese año acompañó a la PALT a una reunión en el Parlamento de Canarias con Fernando Clavijo, Pablo Rodríguez y la propia Espino.
Según recoge su comunicado, en aquel contexto Maribe Doreste agradeció públicamente su apoyo a los afectados. Marichal presenta esos encuentros como parte de una relación de trabajo que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
La iniciativa de promover una ordenanza se anunció en junio de 2024, mientras que en abril de 2025 se comunicó la puesta en marcha de su redacción desde Urbanismo. Durante la tramitación, el Cabildo planteó objeciones a la vía elegida y propuso abordar la cuestión mediante una modificación del Plan General, según el informe de 3 de septiembre de 2026 citado por el responsable municipal.
La votación de este jueves permite avanzar en la propuesta municipal, sin sustituir los pasos pendientes para su entrada en vigor ni la futura ordenación de los usos residenciales y turísticos.
Qué establece la ordenanza para los apartamentos y bungalós
El documento distingue tres grandes situaciones: usos residenciales conformes al planeamiento, usos en situación legal de consolidación y usos fuera de ordenación, con las condiciones y limitaciones correspondientes a cada supuesto.
Para determinar el régimen aplicable, se tendrán en cuenta la antigüedad del uso residencial, las autorizaciones existentes y la legislación vigente en cada momento. Entre las referencias del texto figuran el Plan General de Ordenación Urbana de 1996, la normativa turística de 2013 y la Ley del Suelo de Canarias de 2017.
Davinia Ramírez explica que la finalidad es diferenciar las circunstancias de cada propiedad: “No todas las viviendas tienen la misma situación jurídica. Por eso es fundamental determinar cuándo comenzó su uso residencial, si contaba con autorización y qué legislación le resulta aplicable”.
Según la información municipal, la ordenanza contempla el mantenimiento del régimen jurídico anterior para los usos residenciales existentes antes de la entrada en vigor del deber de uso turístico establecido en 2013. También aborda las situaciones de consolidación y el tratamiento de los usos anteriores al 1 de enero de 2017 cuando se acometa la futura especialización urbanística.
Certificados para acreditar la situación de cada inmueble
Los propietarios podrán solicitar, una vez resulte aplicable la regulación, un certificado municipal que identifique la situación jurídica del uso residencial de su apartamento o bungaló. El texto establece un plazo de un mes desde la solicitud para su emisión, conforme al procedimiento previsto.
Los servicios municipales podrán examinar escrituras, licencias, información registral y catastral, antecedentes administrativos, empadronamientos, contratos y datos de suministros, entre otros medios de acreditación.
El certificado permitirá dejar constancia del régimen correspondiente al uso residencial según la documentación examinada. La ordenanza no atribuye una misma situación a todas las propiedades, sino que establece criterios para analizar cada caso.
Una reivindicación con amplia dimensión social
Los antecedentes de la regulación recogen que, según los datos citados en el acuerdo plenario de junio de 2024, 17.536 personas estaban empadronadas en distintos núcleos turísticos del municipio, entre ellos Playa del Inglés, Sonnenland, Campo Internacional, Meloneras, San Agustín, Bahía Feliz y Playa del Águila.
Esta cifra refleja la presencia residencial en esas zonas, aunque no significa que todas esas personas estén afectadas por los conflictos jurídicos abordados en la ordenanza.
Tras la aprobación por unanimidad, la regulación debe completar su tramitación y publicación oficial. La futura especialización urbanística de los usos residenciales y turísticos se abordará mediante el Plan de Modernización de Maspalomas–Costa Canaria o, en su defecto, a través del planeamiento general.
