Canarias reclama una respuesta europea común ante crisis migratorias como la de Ceuta
- El Gobierno canario advierte en Bruselas de que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo perderá eficacia si cada Estado responde por separado ante situaciones extraordinarias
- El Ejecutivo reclama solidaridad desde el primer momento mientras insiste en que la reducción de llegadas a las islas no significa el final de la ruta atlántica
El Gobierno de Canarias ha reclamado este miércoles 16 de septiembre en Bruselas una respuesta coordinada de la Unión Europea ante crisis migratorias como la vivida recientemente en Ceuta. El Ejecutivo autonómico considera que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo puede resultar insuficiente si, ante situaciones extraordinarias en las fronteras exteriores, los Estados miembros vuelven a actuar principalmente desde una perspectiva nacional.
La posición fue expuesta por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, durante una sesión del Grupo de Trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), espacio que Canarias colidera junto a la Comunitat Valenciana. El encuentro ha servido para analizar los primeros meses de aplicación del nuevo marco migratorio europeo y sus efectos en los territorios situados en primera línea de llegada.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo comenzó a aplicarse en los países de la Unión Europea el pasado 12 de junio. Entre sus elementos figuran procedimientos comunes para el control y registro de llegadas irregulares, la tramitación del asilo y los retornos, así como mecanismos de solidaridad para los Estados sometidos a una mayor presión migratoria.
Canarias utiliza la crisis de Ceuta como prueba para el nuevo sistema europeo
El Ejecutivo autonómico considera que la situación registrada en Ceuta debe servir para comprobar hasta qué punto el nuevo sistema europeo es capaz de responder de manera conjunta cuando una de sus fronteras exteriores afronta una llegada extraordinaria de personas.
Caraballo defendió que este tipo de situaciones no deben entenderse exclusivamente como un problema del Estado miembro afectado, sino como un asunto relacionado con la gestión de una frontera exterior de la Unión Europea. A juicio del Gobierno canario, la coordinación comunitaria debería formar parte de la respuesta desde el comienzo de una emergencia y no limitarse a la movilización posterior de recursos.
La posición expresada por Canarias se produce después de los cruces irregulares a gran escala registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La Comisión Europea anunció posteriormente una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para España, además de asistencia operativa mediante agencias europeas como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
La Comisión mantiene, por su parte, que ofreció apoyo financiero y operativo desde el inicio de la crisis y que posteriormente recibió peticiones formales de las autoridades españolas para ampliar esa asistencia. Canarias centra su crítica en que los mecanismos de solidaridad y coordinación deberían estar preparados para activarse automáticamente desde el primer momento ante emergencias de esta naturaleza.
Las regiones fronterizas reclaman participar en las decisiones
La posición trasladada en Bruselas enlaza con una reivindicación que Canarias viene planteando durante los primeros meses de aplicación del pacto: que las regiones fronterizas participen en el diseño y evaluación de las políticas migratorias que posteriormente deben gestionar sobre el terreno.
El Ejecutivo autonómico ya había advertido antes de esta reunión de dificultades relacionadas con la aplicación práctica del nuevo marco y defendido que la experiencia de territorios como Canarias debe incorporarse a las decisiones comunitarias.
Caraballo sostuvo durante el encuentro que la experiencia del archipiélago convierte la migración en una cuestión directamente vinculada a su condición de frontera exterior europea. Canarias ha afrontado durante los últimos años la llegada de miles de personas a través de la ruta atlántica, incluida población menor de edad, además de los fallecimientos y desapariciones registrados durante las travesías.
Desde esa perspectiva, el Gobierno canario defendió en Bruselas la necesidad de compatibilizar la gestión de las fronteras con la protección de los derechos humanos y reclamó también una respuesta frente a los discursos de odio relacionados con la migración.
La disminución de llegadas no supone el final de la ruta atlántica
Otro de los mensajes trasladados por Canarias a las instituciones europeas se refiere a la situación de la ruta migratoria atlántica.
El viceconsejero señaló que la disminución de las llegadas registrada durante el último año no debe interpretarse como la desaparición de esta vía migratoria. El Gobierno autonómico mantiene que la evolución política y social de distintos países del Sahel obliga a mantener mecanismos de prevención y seguimiento.
La tesis defendida por Canarias es que las crisis no comienzan únicamente cuando las llegadas alcanzan las costas europeas, sino que están relacionadas con circunstancias desarrolladas previamente en los países de origen y tránsito.
Por este motivo, el Ejecutivo plantea pasar de una gestión fundamentalmente reactiva de las emergencias a un modelo con mayor capacidad de anticipación, coordinación entre administraciones y participación de las regiones situadas en las fronteras exteriores.
Empleo y formación como otra vertiente de la política migratoria
La agenda desarrollada por Canarias en Bruselas ha incluido también la conferencia de cierre del proyecto europeo POWGEN, celebrada este martes 15 de septiembre en el Comité Europeo de las Regiones.
En este foro, el Gobierno autonómico defendió que las políticas migratorias incorporen también medidas relacionadas con el empleo, la formación y las oportunidades de integración.
POWGEN, financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, se ha desarrollado durante 30 meses y ha tratado de conectar dos necesidades: la falta de profesionales cualificados en determinados sectores vinculados a la transición energética y las dificultades que encuentran personas migrantes para acceder a empleos estables y cualificados.
El proyecto ha desarrollado cinco experiencias piloto en España, Portugal, Italia y Alemania. Las actuaciones han combinado formación certificada en instalación de sistemas solares y rehabilitación energética de edificios con prácticas empresariales y servicios de intermediación laboral.
Caraballo vinculó esta iniciativa con programas como Tierra Firme y defendió en Bruselas una política que incorpore la inclusión laboral y las oportunidades económicas junto a la gestión de las fronteras y los procedimientos migratorios.
