Canarias refuerza la inspección de centros sociales para garantizar la calidad de la atención
- Bienestar Social impulsa nuevas herramientas técnicas para ampliar el control sobre centros públicos y privados del Archipiélago
- Candelaria Delgado defiende un modelo de inspección más sistemático, centrado en los derechos, la dignidad y la atención real a las personas usuarias
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reforzado el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de ampliar la capacidad de control, seguimiento y evaluación de los servicios sociales que se prestan en el Archipiélago. La medida afecta tanto a centros públicos como privados y busca garantizar que los recursos acreditados mantengan las condiciones exigidas para su funcionamiento.
La consejera Candelaria Delgado explicó este miércoles 17 de junio, durante la comisión de Derechos Sociales celebrada en el Parlamento de Canarias, que el refuerzo pretende consolidar una inspección más sistemática, con mayor capacidad de análisis y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias.
Más control en centros residenciales, de día y recursos sociales
El refuerzo del Servicio de Inspección se produce en un contexto de intensa actividad inspectora en Canarias. Las actuaciones se desarrollan de forma continuada mediante visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.
Según explicó Delgado, la Consejería quiere avanzar hacia un modelo que no se limite a comprobar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino que también permita evaluar la calidad real de la atención. Para ello, el departamento autonómico impulsará un sistema basado en indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y mayor capacidad de evaluación de los resultados obtenidos en cada centro.
La consejera señaló que el objetivo es contar con una inspección capaz de analizar con más precisión la organización de los servicios, los recursos humanos, la accesibilidad, la seguridad, la salubridad, la documentación y el cumplimiento de los protocolos de atención.
Apoyo técnico para mejorar la evaluación, sin externalizar la potestad inspectora
En este marco, la Consejería de Bienestar Social ha licitado un servicio de apoyo técnico a la inspección. Esta herramienta permitirá mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de los estándares organizativos y disponer de información más completa para la toma de decisiones.
El apoyo técnico se centrará en tareas complementarias como la revisión documental, la asistencia en visitas, el análisis de indicadores, el seguimiento de planes de mejora y la organización de la información derivada de las actuaciones inspectoras.
Delgado subrayó que esta medida no supone, en ningún caso, la externalización de la potestad inspectora. Las funciones de supervisión, valoración de incumplimientos, emisión de informes y propuesta de medidas correctoras o sancionadoras seguirán siendo competencia exclusiva de la Administración autonómica.
Derechos, dignidad y autonomía de las personas usuarias
La Consejería enmarca este refuerzo en una estrategia dirigida a proteger los derechos de las personas atendidas en centros sociales. Entre los aspectos que forman parte de las actuaciones de control se incluyen indicadores especialmente sensibles relacionados con el respeto a la autonomía, la dignidad y las condiciones reales de atención de las personas usuarias.
“El objetivo es fortalecer la capacidad de control público para garantizar que los centros acreditados mantienen de forma continuada las condiciones exigidas para su funcionamiento y ofrecen una atención adecuada a las personas usuarias”, expresó Delgado durante su intervención parlamentaria.
La actividad inspectora se desarrolla, además, en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito en marzo de 2024, y con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con ello, el Gobierno autonómico busca reforzar los mecanismos de protección y seguimiento en los centros sociales del Archipiélago.
Un modelo de inspección con más seguimiento y garantías
El refuerzo anunciado por Bienestar Social responde a la necesidad de contar con más herramientas para evaluar cómo se prestan los servicios sociales en Canarias. La atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia exige controles periódicos, criterios técnicos y mecanismos de seguimiento que permitan detectar deficiencias, impulsar mejoras y garantizar una atención adecuada.
Con esta medida, el Gobierno de Canarias pretende fortalecer la capacidad pública de inspección y avanzar hacia un sistema de control más completo, con información ordenada, indicadores verificables y seguimiento continuado de los planes de mejora en los centros sociales.
