Razones para cambiar el anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias
Lo que suceda en el territorio nos afecta a todos. Forma parte de la calidad de vida, y al mismo tiempo es un recurso fundamental para nuestra actividad económica y bienestar social. En el territorio convergen muchos intereses, en ocasiones contrarios, por lo que su regulación es fundamental. Tenemos que estar atentos a las leyes que determinen cómo será su evolución en los próximos años, y comprobar si éstas procuran o no el interés público o sólo el beneficio privado.
El Gobierno de Canarias ha elaborado un anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias que, en breve, iniciará su trámite parlamentario para convertirse en ley. Si bien algunos colectivos (empresarios de la construcción, alcaldes…) han expresado satisfacción por el texto en su actual versión, otros sectores (ciudadanos, agricultores y ganaderos‐COAG, sindicatos, técnicos, científicos, ecologistas, …) muestran su profunda preocupación. Un grupo de profesionales, formado por el arquitecto urbanista Faustino García Márquez, junto con los geógrafos de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez‐Chacón Espino, Ramón Díaz Hernández y Ángela Castellano Santana, han presentado una alegación al mencionado anteproyecto. Sus principales argumentos se resumen en los aspectos que se indican a continuación.
El anteproyecto parte de un diagnóstico erróneo: la actual legislación territorial es la responsable de la lentitud de los trámites, de lo que denominan la “maraña burocrática”. Cuántos ciudadanos no han sufrido en primera persona la dificultad para obtener un permiso o una licencia para construir… pero cabría preguntarse si es la legislación actual la responsable. Es cierto que algunos aspectos requieren ser mejorados, pero más allá de lo que las leyes puedan simplificar los procedimientos, el núcleo del problema está en los escasos medios materiales y humanos con los que las administraciones afrontan esos aspectos. Cuestión que lejos de arreglar el anteproyecto, pues carece de financiación, previsiblemente se agravará con la dispersión de las competencias territoriales y los recortes presupuestarios que puedan producirse.
En Canarias se ha ido construyendo, desde la década de los años ochenta del siglo XX, una cultura territorial que propugna la sostenibilidad. El esfuerzo de numerosos colectivos, de profesionales, y de algunos gobiernos, hizo posible que el espectacular crecimiento urbano‐turístico de los años sesenta y setenta del siglo pasado se ponderase. Si hoy hemos conseguido que algo más del 40% de nuestro territorio conserve su patrimonio natural y cultural es precisamente gracias a ese cambio de mentalidad. Éste fue el contrapunto a un modelo de crecimiento territorial sustentado en la suma de proyectos de urbanización, sin relación entre ellos, y sin considerarlos en el contexto de un modelo territorial insular. Sus consecuencias se pueden constatar en muchos de nuestros actuales paisajes urbanos, especialmente en los turísticos. Pues bien, el anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias nos devuelve al pasado, al renunciar a la ordenación integrada del Archipiélago (se derogan las Directrices de Ordenación General) y debilitar el planeamiento insular. Así, por ejemplo, se priva a los planes insulares de la capacidad para ordenar actividades económicas, para establecer un sistema urbano insular que aproxime los servicios a los ciudadanos, o para reclasificar suelo de urbanizable a rústico por razones ambientales.
La propuesta del anteproyecto implica la renuncia de la Comunidad Autónoma a regular el territorio del Archipiélago, y con ello a la posibilidad de atenuar los desequilibrios territoriales; la limitación de los Cabildos a ordenar “la isla” de manera integrada; y deja la aprobación definitiva de los planes generales municipales a los ayuntamientos. Estas instituciones no saben la que se les avecina, si ahora se quejan de la “maraña administrativa”, si ya algunos confiesan carecer de medios técnicos para tramitar licencias de obras, el cuello de botella puede ser aún mayor cuando tengan que asumir, sin equipos técnicos y sin recursos económicos, las competencias derivadas de la planificación territorial. Frente a la seguridad jurídica que permiten las normas claras e iguales para todos, el anteproyecto abre la puerta a la discrecionalidad: bastará obtener los votos necesarios para declarar que un proyecto es de interés insular o autonómico, y éste será posible. Teleféricos, parques temáticos, campos de golf, urbanizaciones de lujo en suelo rústico, todo ello podrá proliferar si sus promotores están cerca de quienes toman las decisiones. ¿Cómo se garantizará la participación pública en estos casos o los procedimientos de evaluación ambiental?
Y en el suelo rústico, se “abre la veda”. Si la legislación que ahora se pretende derogar limitaba el consumo de suelo, propugnando que los crecimientos se realizaran por contigüidad, ahora todo es posible. Da la sensación de que tras colmatar el litoral de las islas, ahora toca colonizar medianías y cumbres. El anteproyecto considera que son usos propios del suelo rústico, además del agrario, el deportivo, de ocio, docente y divulgativo, “cualquier otro que genere renta complementaria a la agraria”… y sólo se necesitará licencia municipal para implantarlos. Además, frente a la voluntad de reforzar los núcleos urbanos rurales, para mejorar las condiciones de vida y la accesibilidad a los servicios, el anteproyecto apuesta por la multiplicación, ampliación y extensión de los asentamientos rurales y agrícolas. La proliferación del crecimiento disperso está servida. Pero los costes que supondrá dar los servicios públicos a todo ello tendremos que asumirlos entre todos.
Mientras que algunos síntomas nos hacen pensar que podemos estar superando nuestra capacidad de carga, el anteproyecto nos devuelve a una liberalización del suelo propia de los años setenta del siglo pasado. El modelo “sin maraña burocrática”: ¿hacia dónde nos conducirá? ¿Podemos ocupar el territorio sin tener una estrategia común? La tramitación de este anteproyecto es una oportunidad para abrir un debate sobre qué territorio queremos, tanto para vivirlo nosotros como, sobre todo, para dejarlo en herencia a sus legítimos propietarios: las generaciones futuras.
Emma Pérez‐Chacón Espino, Ramón Díaz Hernández, Ángela Castellano Santana y Faustino García Márquez
Dios nos libre!!!.- Se han vuelto loco estos politicos del gobierno de Canarias. Yo, como madre de 3 hijos, pienso que vcualquier economia y patrimonio familiar debe ser gestionado con cabeza;
Es decir :Pensando en la futura calidad de vida de mis hijos y no cometiendo el error de meter a la familia en empreas que conlleven gastos imprevisibles añadidos,para otros miembros de la familia.
Por otro lado, como canaria, me parece que es una gran miopia caminar hacia la destruccion de la belleza de nuestros hermosos paisajes, el aumentar insosteniblemente el número de carreteras y otras infraestructuras y equipamientos …y disparar el calentamiento global al dismuir la superficie verde y aumentar los desplazamientos de coches simultanemaiente.
Gracias por informarnos. Me alegra que la universidad canaria y la profesionalidad de Maspalomas news nos permitan asesorarnos bien.