Antonio Morales: Las protestas en el campo
En las últimas semanas han irrumpido con fuerza en el debate público las protestas del “campo”, de los hombres y mujeres de la agricultura y la ganadería. Es una constante en Europa (Países Bajos y Francia llevan años con movilizaciones masivas) que ha llegado a España un poco más tarde pero con mucha virulencia. Aunque es un fenómeno complejo y se mezclan diversas sensibilidades e intereses, hay un núcleo de reivindicaciones en las que coincide la mayoría.
La primera es la competencia desleal de productos de terceros países, que no tienen las reglamentaciones medioambientales, fitosanitarias y laborales de la UE y que por lo tanto tienen un precio mucho más bajo. Lo peor es que esta competencia desleal es fomentada por la UE a través de tratados de libre comercio, como el que se va a firmar con Mercosur, Chile, Kenia o México. No tiene ningún sentido establecer una serie de regulaciones para tu sector primario y luego fomentar el libre comercio con países que están a años luz de estos estándares.
La segunda de sus reivindicaciones tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe comprar y vender los productos por debajo de sus costes de producción. Las grandes distribuidoras y comercializadoras obligan a los productores a vender sus productos a precios irrisorios y luego aplican enormes márgenes de beneficios, de tal manera que productos que compran a 20 o 30 céntimos el kilo terminan vendiéndose por encima de los 2 euros. Hacen falta más controles y multas más altas para quien incumpla. Es imprescindible.
Otra de las quejas recurrentes es el exceso de burocracia, que muchas veces es muy difícil de gestionar por las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería. Estamos hablando de los procedimientos para acceder a ayudas a las gestiones vinculadas al cumplimiento de la normativa. Creo que esto es un tema que va más allá del campo y es una queja recurrente en casi todos los sectores. Los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, las ONG, la propia ciudadanía, hasta los propios gobernantes locales nos quejamos de unos trámites engorrosos que paralizan la gestión. La desburocratización de la administración pública y su eficiencia deberían ser objetivos compartidos.
Estas protestas a lo largo de toda Europa vienen a constatar el fracaso de la Política Agraria Común, la PAC. No puede ser que la UE se gaste un tercio de todo su presupuesto (estamos hablando de 386.000 millones de euros para el periodo 2023-2027, una cifra astronómica) y aún así tenga al sector primario de todo el continente en pie de guerra. Urge revisar profundamente la PAC y orientarla realmente a generar una agricultura sostenible y a aumentar las rentas de los pequeños y medianos agricultores.
Dicho esto, no podemos obviar que una parte no desdeñable de estas protestas están siendo alentadas por una plataforma de extrema derecha, instrumentalizada por VOX, que pretende usar este tema como estilete contra el gobierno y que incluso hizo un llamamiento fracasado a hacer una tractorada delante de Ferraz. Dentro de este sector es habitual ver proclamas contra la agenda 2030 y las políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático. Esto es algo absurdo porque es imposible tener una agricultura y ganadería sanas si no frenamos las consecuencias del cambio climático (sequías, incendios, plagas, especies invasoras…). Y están ganando algunas batallas como la de conseguir una mayor laxitud en el control y la reducción de los usos de los productos fitosanitarios. Realmente lo que está detrás, parapetado en el negacionismo climático, es un refuerzo a la agroindustria más intensiva y contaminante.
Por otra parte, es totalmente absurdo oponerse a un documento como la Agenda 2030, que textualmente propone “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala (…) entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”.
Las grandes organizaciones del sector, ya han anunciado movilizaciones en Canarias a partir de esta semana. Su principal reivindicación es la que señalaba antes: piden dejar de vender a pérdidas y que se aplique la ley, con controles y sanciones para las distribuidoras que compran por debajo de esos precios y se acabe con los abusos. Asimismo solicitan cláusulas “espejo” en los tratados de libre comercio. Esto es, que se les exija a los terceros países con los que se quiere comerciar la misma normativa fitosanitaria y laboral que a los agricultores locales, porque si no es imposible competir.
Respecto a la competencia desleal, se pone el foco en Marruecos, ya que se ha anunciado la intención de reabrir la línea marítima entre Tarfaya y Fuerteventura, lo que se puede convertir en un coladero de productos con el consiguiente riesgo sanitario, posible entrada de plagas, etc. También en una competencia brutal en los precios, dada las diferencias en las condiciones laborales, controles fitosanitarios, etc, entre los dos países.
El sector en Canarias pide igualmente medidas concretas para luchar contra una sequía que en este archipiélago es de tremenda gravedad. Un potente plan de riegos que llegue a todos los rincones, que incluya incentivos y la agilización de los procedimientos y las contrataciones, se hace cada vez más acuciante. En Gran Canaria esa tarea se encuentra bastante avanzada.
Es necesario también que se aumenten los fondos del POSEI y que los recursos ociosos del REA se puedan derivar a compensar el consumo local de los productos de cercanía y la solidaridad de sectores como el turístico que debería apostar decididamente por los productos km0 para ofrecerlos a sus clientes.
Son todas reivindicaciones de un gran sentido común, cuyo cumplimiento redunda en beneficio del conjunto de toda la sociedad y que desde el Cabildo de Gran Canaria apoyamos totalmente. Pero vamos más allá. La colaboración entre el sector primario y la institución insular es magnífica. Sin ir más lejos, el Cabildo ya cuenta con un plan de riego con más de 100 millones de euros de inversión que contempla toda la red de hidrantes para repartir el excedente de agua de Salto de Chira, la recuperación de Patrimonio Hidráulico, o la ampliación de la planta desaladora de Moya y el terciario de Barranco Seco.
Nuestro sector primario, lejos de ser negacionista es un aliado imprescindible para la consecución de los objetivos de sostenibilidad, demostrando que la alianza entre las políticas verdes y agrarias es imprescindible. Los pastores trashumantes son parte indispensables en la prevención de incendios, ayudando con su ganado a eliminar el exceso de vegetación seca. Tenemos una línea de subvenciones específica para la instalación de energías renovables en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en breve inauguraremos en Artenara una planta de pellets que permitirá producir biomasa con los residuos agrícolas. El sector vitivinícola está en auge y es estratégico para la construcción de un paisaje mosaico resistente a los incendios.
No es casualidad que Gran Canaria sea – con Fuerteventura- la única isla en Canarias que no pierde suelo agrícola – se pierden 42.000 hectareas en todo el archipiélago- sino que gana 700 hectáreas de cultivo. Y sucede lo mismo con la viticultura, es la única isla que crece en el cultivo de la vid.
La sostenibilidad de nuestras islas pasa necesariamente por el tridente formado por la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la seguridad hídrica. El sector primario es fundamental para la consecución de estos objetivos, sus reivindicaciones son justas y desde el Cabildo estamos demostrando que es compatible y necesaria la convergencia entre las políticas de conservación ambiental y de sostenimiento de un sector imprescindible para una sociedad sana y próspera.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
