Ciuca y NC llevará a los tribunales la actuación en el pleno del alcalde y concejales de Mogán
Los partidos Ciuca-Mogán y Nueva Canarias (NC) adelantan que llevará a los tribunales la actuación del grupo de gobierno del Partido Popular (PP) durante el pleno extraordinario de la corporación celebrado este jueves al entender que varios concejales debieron abstenerse de participar en la votación. La sesión plenaria tenía como asunto a tratar iniciar los trámites para exigir responsabilidad patrimonial al alcalde de Mogán Paco González, varios concejales del PP y al secretario municipal por actuar de forma “negligente y lesiva” contra los intereses públicos.
El Partido Popular (PP) de Mogán ha evitado durante el pleno extraordinario que se iniciasen los trámites para exigir a varios miembros del grupo de gobierno del PP que respondiesen con su patrimonio personal de los gastos jurídicos derivados de las últimas acciones legales autorizadas por el Ayuntamiento en el caso de la expropiación de los terrenos a la familia Sánchez Valerón.
Los grupos de la oposición, Ciuca y Nueva Canarias, han llevado este asunto hoy al pleno extraordinario de la corporación al entender que ha existido “negligencia” en la estrategia legal empleada por el Consistorio una vez que ya existían sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). No obstante, la incoación del expediente para exigir responsabilidad patrimonial no salió adelante gracias a los votos del grupo popular, que contó con el apoyo de la concejala de CC.
Los portavoces de Ciuca y NC, Mencey Navarro e Isabel Santiago, respectivamente, entienden que varios concejales del grupo popular y el propio alcalde, Paco González, no debieron participar en el debate y en la votación al entender que son ‘protagonistas’ del propio asunto a tratar y por tanto tienen intereses directos. Para Navarro y Santiago, los populares implicados en el asunto tenían la “obligación legal” de abstenerse en la votación. Sin embargo, los concejales María del Carmen Navarro, Gema Sabina, Silverio Hernández, Julio Mejías, Carmen Rosa Hernández, José Daniel García, el secretario del Ayuntamiento, Domingo Arias, y el propio alcalde, Paco González, decidieron sí votar para evitar la responsabilidad patrimonial.
La oposición considera que la Junta de Gobierno Local, en su momento, puso en marcha actuaciones legales para intentar anular las sentencias del TSJC y del TS “sin contar con asesoramiento jurídico y sabiendo que no tenían ninguna viabilidad, con la única intención de dilatar un pleito con la familia Sánchez Valerón, litigio que dura más de 10 años”.
La Junta de Gobierno local acordó el 5 de marzo del 2013 la contratación del letrado Eligio Hernández para la interposición de un incidente de nulidad contra la sentencia del TSJC de marzo de 2008 y un recurso de revisión contra la sentencia del TS de noviembre de 2012, por importe de 18.000 euros sin incluir el igic. Ambos recursos fueron rechazados.
La estrategia legal adoptada por la Junta de Gobierno moganera se enmarcan en la actuación “nada razonable” del alcalde respecto a los terrenos expropiados a la familia Sánchez Valerón, explica Santiago. Por su parte, Navarro señala que la expropiación le ha supuesto a las arcas municipales “un gasto de 4,2 millones de euros, sin contar los casi 3 millones de euros que se deberán abonar a la familia en concepto de intereses”. Confirmado el pago a la familia de dichas cantidades, el TSJC aceptó la petición del Ayuntamiento para realizar el pago fraccionado a los particulares, por importe de 300.000 euros al año, “lo que supone el incremento anual de la cuantía total de los intereses que también deberá abonar el consistorio moganero a la familia”.
Ciuca y Nueva Canarias han mantenido desde el principio que esta situación “se podría haber resuelto de otra manera menos costosa para los intereses municipales si el alcalde hubiese estado a la altura de las circunstancias y se hubiese sentado a negociar con los vecinos expropiados, que siempre han mostrado su predisposición para alcanzar acuerdos”.
La oposición insiste en que, “lejos del diálogo con la familia afectada, el alcalde decidió en Junta de Gobierno dar una vuelta de tuerca más e interponer el recurso de revisión y el incidente de nulidad sobre las sentencias firmes, a sabiendas de que eran actuaciones condenadas al más estrepitoso fracaso, pues no solo se presentaron fuera de plazo, sino que no hubo ni informe técnico que avalase tal decisión, ni asesoramiento verbal del secretario de la corporación en el que se advirtiesen de los inconvenientes de tales actuaciones”. Efectivamente, tanto el TSJC como el TS fallaron en contra del Ayuntamiento y reiteraron las sentencias que ya existían en favor de la familia afectada por la expropiación.
Ciuca y Nueva Canarias aseguran que técnicos adscritos a la asesoría jurídica municipal les han confirmado verbalmente que en el expediente de adopción del acuerdo referido, no existe informe o dictamen jurídico alguno que aconseje la interposición de tales recursos jurídicos
Tras conocer los fallos judiciales, los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias, decidieron solicitar el pleno extraordinario para exigir a los responsables del gobierno municipal que decidieron interponer los recursos que “paguen de su bolsillo” los más de 23.000 euros a los que asciende el coste de las actuaciones legales, al entender que fue una decisión “negligente y lesiva para las arcas municipales y el interés general”.
